El vicepresidente ejecutivo de AthenaLab, Richard Kouyoumdjian, cuestionó la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y afirmó que sus efectivos no reciben preparación para aplicar gradualmente la fuerza, como ocurre con las policías.
En conversación con Christian Slater en el programa Voces de Mando, de El Periodista TV, el exoficial de la Armada y analista internacional sostuvo que existe una diferencia fundamental entre la formación militar y la policial que el sistema político frecuentemente ignora al disponer despliegues en las fronteras o en la Macrozona Sur.
“Cuando uno entra a las instituciones te entrenan para matar, para ser letal, para neutralizar; no para un uso gradual de la fuerza”, afirmó.
Kouyoumdjian explicó que los militares son preparados para enfrentar y derrotar amenazas, cumpliendo misiones y objetivos definidos por la autoridad y la cadena de mando. Su instrucción con armamento, añadió, está orientada a alcanzar el blanco y neutralizar al adversario.
Reglas de uso de la fuerza y reglas de enfrentamiento
El especialista diferenció las reglas de uso de la fuerza aplicadas en funciones policiales de las reglas de enfrentamiento que regulan las operaciones militares.
A su juicio, insistir únicamente en perfeccionar las reglas de uso de la fuerza no resuelve el problema de fondo, debido a que las Fuerzas Armadas poseen una formación y una estructura operacional distintas.
“Las reglas de uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas no sirven. Las Fuerzas Armadas operan bajo reglas de enfrentamiento”, sostuvo.
Kouyoumdjian explicó que las instrucciones militares se entregan a las unidades conforme a misiones, objetivos y consignas específicas. Esa lógica, señaló, no corresponde al control cotidiano del orden público ni al trabajo policial dentro de las ciudades.
La advertencia adquiere especial relevancia ante las propuestas destinadas a ampliar la participación militar en el combate contra el crimen organizado, la vigilancia fronteriza y la protección de infraestructura crítica.
El experto recordó que la Constitución de 1980 estableció expresamente que la fuerza pública está integrada por Carabineros y la Policía de Investigaciones, mientras las Fuerzas Armadas tienen como función esencial la defensa nacional.
“Cuando uno entra a las Fuerzas Armadas no entra para ir a hacer labores de seguridad pública”, afirmó.
El costo de desplegar militares en las fronteras
Kouyoumdjian también advirtió que cada despliegue militar en funciones de seguridad interior afecta la preparación para las tareas propiamente defensivas.
Antes de enviar una unidad a la frontera, explicó, es necesario capacitar a sus integrantes para desempeñar labores que no corresponden necesariamente a la defensa nacional. Una vez terminada la misión, los efectivos deben ser reentrenados para recuperar sus capacidades militares.
“Cuando los voy a mandar a la frontera, los tengo que preparar para las labores que van a hacer allí. Cuando salen de la frontera, tengo que volver a prepararlos como militares para que estén capacitados con las habilidades que requiere un Ejército”, señaló.
Este proceso comprende etapas de preparación previa, despliegue y recuperación posterior, durante las cuales las unidades dejan de entrenarse para sus funciones principales.
El problema se agrava porque las instituciones pasaron de tener grandes dotaciones y menor desarrollo tecnológico a contar con fuerzas más pequeñas, especializadas y altamente capacitadas.
Por esa razón, cada compañía, sección o batallón destinado a funciones distintas de la defensa representa una pérdida proporcionalmente mayor de capacidades operativas.
El exoficial afirmó que estas tareas “se comen” los recursos del Ejército y de la Infantería de Marina, instituciones que han debido asumir una parte importante de la seguridad en las zonas norte y sur del país.
“Se tienen que dedicar a lo propio”
Para Kouyoumdjian, la carta firmada recientemente por exministros de Defensa constituye una advertencia sobre la necesidad de recuperar el propósito central de las instituciones castrenses.
A su juicio, el documento representa “la lápida a la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad pública”, porque obliga a reconocer que Chile necesita concentrar sus recursos en el reequipamiento y la preparación militar.
“Se tienen que dedicar a lo propio”, recalcó.
El vicepresidente ejecutivo de AthenaLab sostuvo que durante años se intentó justificar el gasto militar presentando los equipos como instrumentos polivalentes, destinados también a enfrentar catástrofes, transportar ayuda o contribuir al desarrollo nacional.
Aunque reconoció que las capacidades militares pueden emplearse en emergencias y otras tareas, advirtió que esa multiplicidad de funciones terminó diluyendo el propósito esencial de la defensa.
“Llegamos a cinco áreas de misión y no quedaba tan claro para quién trabajaba la defensa o cuál era su propósito”, planteó.
El riesgo de perder capacidades hacia 2040
Durante la entrevista, Kouyoumdjian también alertó sobre el futuro del equipamiento militar chileno. Afirmó que, si no se realizan oportunamente las inversiones necesarias, el país podría perder hacia 2040 buena parte de sus actuales capacidades estratégicas.
Entre los sistemas que deberán ser reemplazados mencionó los aviones F-16, los tanques Leopard, las fragatas y parte de la flota de submarinos.
Estimó que el reequipamiento completo de las Fuerzas Armadas podría requerir alrededor de US$20.000 millones durante los próximos años.
El especialista sostuvo que Chile mantiene actualmente una superioridad militar sobre sus vecinos, favorecida también por los periodos de desinversión registrados en Argentina y Perú. Sin embargo, advirtió que ambos países están recuperando capacidades.
Argentina comenzó a incorporar aviones F-16 adquiridos a Dinamarca y a fortalecer su patrullaje marítimo, mientras Perú avanza en proyectos para comprar aeronaves de combate y vehículos blindados.
“No tenemos un riesgo ahora, pero si no hacemos las inversiones correspondientes, de aquí a 2040 nos quedamos sin las capacidades actuales”, alertó.
Responsabilidad del poder político
Kouyoumdjian enfatizó que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político y que, en consecuencia, las decisiones y omisiones en materia de defensa tienen responsables civiles.
También cuestionó que las autoridades recurran a las instituciones castrenses como una solución para distintos problemas del Estado, aprovechando su carácter obediente y no deliberante.
“Hay un aprovechamiento del sistema político —el Ejecutivo y el Congreso— de la obediencia y la no deliberación de las Fuerzas Armadas”, sostuvo Slater durante la conversación, planteamiento con el cual el entrevistado manifestó su acuerdo.
Ambos defendieron que los comandantes en jefe puedan exponer públicamente las necesidades técnicas y operativas de sus instituciones sin que aquello sea interpretado como deliberación política.
Kouyoumdjian concluyó que el actual debate puede ayudar a definir con mayor claridad el rol de las Fuerzas Armadas y terminar con la dispersión de funciones que ha condicionado su preparación.
Según el especialista, Chile debe determinar qué defensa necesita, establecer los recursos para financiarla y reservar el empleo militar para situaciones excepcionales, con objetivos políticos claros, respaldo legal y responsabilidades definidas.
La tesis central de su intervención fue directa: colocar uniformados en las calles no los convierte en policías. Su formación, armamento y organización responden a una misión distinta, y desconocer esa diferencia puede poner en riesgo tanto a los ciudadanos como a los propios efectivos.
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