El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su Gobierno establecerá un nuevo protocolo de seguridad para permitir el ingreso de la Policía Nacional a universidades públicas cuando manifestaciones o incidentes dentro de los campus deriven en violencia, vandalismo o situaciones que puedan constituir delitos.
La decisión supone un endurecimiento de la política de seguridad del Ejecutivo y abre un debate sobre los alcances de la autonomía universitaria, principio reconocido expresamente por la Constitución colombiana.
De la Espriella sostuvo que las autoridades deberán distinguir entre el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse y aquellos episodios en los que existan “hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público”.
Según el mandatario, en esas circunstancias la Policía deberá convertirse en la “primera autoridad operativa” para restablecer el orden.
“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, afirmó el presidente, quien aseguró que su Gobierno respetará las manifestaciones pacíficas, pero actuará frente a episodios que califique como terrorismo urbano, vandalismo, destrucción de infraestructura o ataques contra policías y civiles.
Debate por la autonomía universitaria
El anuncio ha provocado inquietud en sectores universitarios, debido a que el artículo 69 de la Constitución colombiana garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior para darse sus propias directivas y regirse por sus estatutos.
De la Espriella aseguró, sin embargo, que ese principio no puede transformarse en una “patente de impunidad”.
“Las universidades tienen autonomía y eso no está en discusión. La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, sostuvo.
El mandatario elevó además el tono contra quienes participen en hechos violentos dentro de recintos universitarios.
“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó.
También advirtió que su Gobierno perseguirá penalmente a los responsables de ataques violentos, incluso si estos se encuentran dentro de universidades.
Disturbios y encapuchados durante 2026
La discusión no es nueva en Colombia. Durante los últimos meses se han registrado diversos enfrentamientos y episodios de violencia asociados a movilizaciones estudiantiles.
En mayo, manifestaciones encabezadas por estudiantes de universidades públicas en Bogotá terminaron en disturbios protagonizados por grupos de encapuchados, bloqueos de importantes vías y afectaciones al sistema de transporte público. En las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional se reportó además la presencia de personas armadas ajenas a la institución.
Un mes después, la Universidad de Antioquia debió suspender actividades académicas y administrativas después de que encapuchados utilizaran artefactos explosivos durante incidentes ocurridos en su campus de Medellín. Las propias autoridades universitarias rechazaron entonces el uso de la violencia como mecanismo de protesta.
También se denunciaron incidentes similares en universidades de Antioquia y Valle, mientras autoridades nacionales y regionales discutían cómo impedir que grupos externos utilizaran los campus como puntos de operación durante protestas.
A comienzos de septiembre, además, parlamentarios de distintos partidos presentaron en el Congreso colombiano una denominada “Ley Anticapuchos”, destinada a aumentar las sanciones contra quienes oculten su identidad para cometer delitos durante manifestaciones públicas.
El giro de seguridad de De la Espriella
La medida anunciada para las universidades forma parte de una política más amplia impulsada por De la Espriella desde que asumió la Presidencia en agosto.
Su administración ha puesto la seguridad y el combate contra organizaciones armadas en el centro de su gestión, suspendiendo negociaciones de paz y reforzando las operaciones contra estructuras criminales y guerrilleras.
En las últimas semanas el Gobierno también flexibilizó las restricciones al porte legal de armas y ha aumentado la presión militar contra grupos ilegales, decisiones que han generado respaldo entre sectores que reclaman mayor control del orden público, pero también críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y de dirigentes de oposición.
El nuevo protocolo universitario podría convertirse ahora en uno de los principales focos de tensión entre el Ejecutivo y las comunidades estudiantiles, especialmente si se producen nuevas jornadas de protesta en Bogotá, Medellín, Cali u otras ciudades universitarias.
El desafío para el Gobierno será determinar jurídicamente en qué momento termina una manifestación protegida por el derecho constitucional y comienza una situación que justifique la entrada de la fuerza pública a un campus universitario.
La entrada Colombia autorizará ingreso policial a universidades públicas ante protestas violentas se publicó primero en El Periodista.
