Los recientes casos relacionados con niños de origen haitiano conocidos en Chile han vuelto a poner en el debate público las redes de tráfico de migrantes y la vulnerabilidad de menores utilizados en rutas migratorias irregulares.
Sin embargo, existe un antecedente de gran magnitud que precede al actual Gobierno y al anterior. En noviembre de 2021, cuando Sebastián Piñera era Presidente de la República y antes de que Gabriel Boric asumiera el cargo en marzo de 2022, la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de INTERPOL y policías de América Latina, desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico internacional de migrantes haitianos.
Según informó INTERPOL, la denominada Operación Frontera Norte permitió detener en Arica a nueve presuntos integrantes de la red: cuatro chilenos, dos venezolanos, un peruano, un haitiano y un paraguayo, quienes fueron imputados por asociación ilícita y tráfico de migrantes.
Cerca de 1.000 migrantes y 267 niños identificados
De acuerdo con la investigación, la organización habría facilitado la salida ilegal de cerca de 1.000 migrantes haitianos desde Chile con destino final a México y Estados Unidos.
Uno de los aspectos más graves del caso fue la identificación de 267 niños chilenos menores de seis años, todos hijos de inmigrantes haitianos, quienes fueron detectados en la ruta migratoria irregular atravesando Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala y México.
La investigación comenzó en enero de 2020, luego de que la PDI detectara un inusual flujo de menores cruzando la frontera entre Chile y Perú.
Posteriormente, durante la pandemia de COVID-19, varios países centroamericanos reportaron la presencia de decenas de niños chilenos varados en su territorio mientras intentaban continuar viaje hacia Estados Unidos.
Niños viajaban sin sus padres
Con apoyo de INTERPOL, Chile recopiló antecedentes de toda la ruta migratoria y logró identificar inicialmente a 185 menores, cifra que posteriormente aumentó hasta los 267 niños.
INTERPOL emitió una notificación amarilla para cada uno de ellos con el objetivo de ubicarlos internacionalmente, además de más de 520 notificaciones azules destinadas a obtener información sobre los adultos que los acompañaban.
La investigación permitió establecer que, en numerosos casos, los menores no viajaban con sus verdaderos padres. También se detectaron situaciones en que habían sido abandonados durante el trayecto o cuyos padres habían fallecido mientras intentaban llegar a Norteamérica.
Captaban migrantes mediante WhatsApp
Según la investigación, la organización promocionaba sus servicios a través de grupos de WhatsApp, coordinando el traslado clandestino desde Chile hacia Perú y posteriormente por toda la ruta terrestre que conecta Sudamérica con Centroamérica y México.
La PDI estableció además que la red mantenía contactos permanentes con traficantes de migrantes en distintos países, configurando una estructura criminal de carácter transnacional.
En ese momento, el entonces secretario general de INTERPOL, Jürgen Stock, calificó el caso como «espeluznante» debido al nivel de vulnerabilidad de los menores involucrados y destacó la cooperación internacional que permitió desarticular la organización.
Por su parte, el entonces director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, señaló que el intercambio de información entre policías de distintos países fue decisivo para identificar la red y seguir la ruta de los niños.
Un antecedente que vuelve al debate
Aunque el operativo se desarrolló hace casi cinco años y durante la administración de Sebastián Piñera, el caso constituye uno de los antecedentes más relevantes sobre tráfico internacional de menores vinculados a rutas migratorias que han operado desde Chile.
Los recientes casos conocidos en el país han vuelto a instalar la preocupación respecto de la protección de niños en contextos migratorios y la necesidad de reforzar los mecanismos de control, coordinación internacional e investigación para prevenir que organizaciones criminales vuelvan a utilizar a menores de edad en redes de tráfico de migrantes.
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