El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, una de las iniciativas centrales de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La propuesta fue presentada con suma urgencia, por lo que el Congreso contará con un plazo acotado de 15 días para su discusión, aunque el calendario estará cruzado por la próxima semana distrital.
El proyecto plantea ocho modificaciones a la Constitución y busca ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado, fortalecer el régimen penitenciario para condenados por delitos graves y crear un nuevo estado de excepción constitucional específicamente orientado a situaciones de amenaza o afectación severa de la seguridad pública.
Nuevo estado de excepción
Uno de los cambios centrales es la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser declarado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente o cuando la seguridad pública ya haya sido gravemente afectada.
La medida podría extenderse por hasta 120 días y ser prorrogada por un periodo equivalente. Para nuevas extensiones sería necesario el acuerdo del Congreso.
Durante su vigencia, las zonas afectadas quedarían bajo la dependencia inmediata de un oficial general designado por el Presidente.
La reforma contempla además que el Mandatario pueda restringir o suspender la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y, en ciertos casos, el derecho de asociación. También podría interceptar o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
Régimen especial para crimen organizado
El proyecto crea además un nuevo artículo 9° bis para reforzar constitucionalmente la protección frente al crimen organizado.
Entre otras medidas, permitiría establecer regímenes penitenciarios diferenciados y restringir comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios cuando ello sea necesario para impedir que condenados continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.
También propone que quienes sean condenados por delitos ligados al crimen organizado queden inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos o funciones públicas.
Otro punto relevante es la posibilidad de establecer registros de organizaciones criminales y otorgar al Presidente la facultad de declarar a una agrupación como terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
Esa declaración requeriría posteriormente la aprobación del Senado por dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión secreta y dentro de un plazo de cinco días.
Primeras críticas
El ingreso del proyecto generó reacciones inmediatas en el Congreso.
El diputado Jaime Bassa cuestionó la amplitud de los cambios y sostuvo que “el Gobierno se está excediendo en su mandato”, agregando que “este no es un gobierno constituyente”.
También hubo reparos desde la oposición en materia de proporcionalidad de las herramientas que se buscan incorporar a la Carta Fundamental.
El senador Daniel Núñez advirtió que “no se puede reaccionar frente al salvajismo de los delincuentes actuando con el mismo salvajismo”, poniendo el foco en los límites que deben mantenerse incluso frente a delitos graves.
El diputado Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, también manifestó reparos a la necesidad y alcance de modificar la Constitución para este tipo de materias.
Apoyos desde el oficialismo
Desde sectores oficialistas, en cambio, hubo respaldo al proyecto.
La senadora María José Gatica valoró especialmente la creación del nuevo estado de excepción y la posibilidad de una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a seguridad.
“La propuesta que ingresó el Presidente Kast al Senado para sacar militares a la calle a hacer controles de identidad es una propuesta que presenté junto a otros parlamentarios el año pasado”, afirmó.
Agregó que el Gobierno recogió esa iniciativa y que ahora “se tramitará con suma urgencia”.
“Necesitamos todas las herramientas para enfrentar al crimen organizado. Cuenta con mi apoyo para aprobarla y dar seguridad a Chile”, sostuvo.
El proyecto lleva las firmas del Presidente Kast y de los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad Pública, Martín Arrau; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Con el ingreso formal al Senado, la discusión pasa ahora desde el terreno político al legislativo, donde el Gobierno deberá reunir altos quórums para aprobar una reforma que ya comenzó a generar divisiones tanto por su contenido como por el alcance que entrega al Ejecutivo en materia de seguridad.
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