La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió las obras de un proyecto de seguridad fronteriza que se desarrollaba en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, después de una creciente controversia por su eventual impacto ambiental.
El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, anunció la paralización de las actividades de construcción mientras realiza una inspección personal en el área y mantiene reuniones con autoridades, representantes de las comunidades y otros actores vinculados al parque.
Scott señaló que la evaluación deberá compatibilizar dos objetivos: reforzar la seguridad de la frontera con México y proteger uno de los espacios naturales más emblemáticos de Texas.
El Parque Nacional Big Bend se encuentra en una extensa zona desértica del oeste de Texas, junto al Río Grande, y comprende montañas, cañones y ecosistemas característicos del desierto de Chihuahua. El parque comparte alrededor de 190 kilómetros de frontera con México y se encuentra en un sector históricamente menos utilizado para cruces irregulares que otras áreas fronterizas.
La controversia aumentó a comienzos de agosto, cuando maquinaria pesada comenzó a trabajar y despejar terrenos destinados a caminos de patrullaje y otras instalaciones. Organizaciones conservacionistas, empresarios vinculados al turismo y residentes de la zona advirtieron sobre posibles daños permanentes al paisaje, la fauna y los ecosistemas del parque.
Críticas también desde el Partido Republicano
Las objeciones no se limitaron a sectores ambientalistas. El senador republicano por Texas John Cornyn pidió al Gobierno federal revisar el proyecto y escuchar a las comunidades locales antes de continuar las obras.
Cornyn sostuvo que existen áreas de Big Bend donde la propia geografía funciona como una barrera natural frente a los cruces fronterizos, debido a la existencia de acantilados, profundos cañones y extensas zonas desérticas.
La oposición alcanzó además a dirigentes estatales de ambos partidos. Más de 40 miembros de la Cámara de Representantes de Texas respaldaron gestiones para frenar o reconsiderar las obras, mientras una organización vinculada a la preservación de territorios indígenas presentó una demanda para detener el proyecto, argumentando daños sobre espacios de relevancia cultural y religiosa para comunidades apache.
Antes de suspender los trabajos, Scott había aclarado que el plan no contemplaba levantar a través del parque un muro fronterizo de nueve metros de altura como los instalados en otros sectores.
El proyecto considera la construcción de nuevos caminos de acceso, mejoramiento de rutas existentes, instalación de tecnología de detección y colocación de barreras para impedir el paso de vehículos en puntos determinados.
Según la autoridad fronteriza, la infraestructura permitiría detectar ingresos irregulares, acelerar la respuesta de las patrullas y facilitar operaciones de rescate de visitantes en dificultades.
Exenciones ambientales y expansión de la política fronteriza
La disputa en Big Bend forma parte de una política más amplia impulsada durante el actual gobierno de Trump para reforzar la frontera entre Estados Unidos y México mediante nuevas barreras físicas, caminos de patrullaje y sistemas tecnológicos de vigilancia.
En junio, la Administración había utilizado facultades especiales para dejar sin efecto diversas exigencias ambientales y de preservación histórica con el objetivo de acelerar proyectos fronterizos en la región de Big Bend, incluyendo terrenos del parque nacional y áreas protegidas cercanas. La medida provocó críticas porque permitía avanzar con las obras sin cumplir procedimientos habituales de evaluación ambiental.
Las actuaciones en Texas se producen además mientras avanzan proyectos fronterizos en otras zonas ambientalmente sensibles del país. En California y Arizona también se han registrado controversias por obras vinculadas al muro y a nuevas barreras, especialmente por sus efectos sobre ecosistemas, territorios indígenas y corredores utilizados por especies silvestres.
La pausa ordenada ahora en Big Bend no implica necesariamente la cancelación definitiva del proyecto. Scott indicó que la decisión sobre cómo continuar será adoptada después de inspeccionar personalmente el terreno y escuchar a las comunidades y autoridades locales.
El episodio representa, sin embargo, una inusual resistencia dentro de Texas a uno de los ejes centrales de la política migratoria de Trump: el endurecimiento de los controles y la expansión de la infraestructura de seguridad a lo largo de los aproximadamente 3.200 kilómetros de frontera que Estados Unidos comparte con México.
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