El Tribunal Penal Internacional (TPI) endureció este miércoles su respuesta a Estados Unidos y calificó como un “ataque flagrante” contra su independencia las nuevas sanciones adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, que alcanzan a la presidenta de la institución, Tomoko Akane, y al magistrado senegalés Abdoulaye Seye.
El organismo con sede en La Haya sostuvo que las medidas representan una ofensiva contra “una institución judicial imparcial” que ejerce las atribuciones entregadas por los Estados que forman parte del Estatuto de Roma.
La nueva ronda de sanciones profundiza un enfrentamiento que se ha extendido durante los últimos años y que tiene entre sus principales puntos de conflicto las actuaciones del TPI respecto de Israel y la guerra en la Franja de Gaza, además de investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses.
EEUU sanciona a la presidenta del TPI por investigación sobre Israel y crímenes en Gaza
El tribunal recordó que nueve de sus 18 jueces se encuentran actualmente bajo sanciones estadounidenses, junto con los dos fiscales adjuntos, un exfiscal y un integrante de su personal. El propio TPI ha advertido anteriormente que las medidas coercitivas contra sus funcionarios buscan afectar el funcionamiento y la independencia de sus procedimientos judiciales.
“Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio ordenamiento jurídico internacional el que queda en riesgo”, sostuvo la institución.
“No se dejará intimidar”
El TPI aseguró que las sanciones también pueden perjudicar directamente a las víctimas de crímenes internacionales que recurren a la institución después de haber agotado otras posibilidades de obtener justicia.
Pese a las medidas estadounidenses, el tribunal afirmó que “no se dejará intimidar” y que continuará ejerciendo sus funciones con independencia e imparcialidad conforme al Estatuto de Roma.
Akane, quien fue elegida presidenta del TPI para el período 2024-2027, ya había advertido sobre las presiones ejercidas contra la institución. En intervenciones anteriores sostuvo que las medidas coercitivas buscan socavar la existencia y reputación del tribunal, así como la integridad de sus procedimientos y la seguridad de sus funcionarios.
El tribunal destacó además las muestras de respaldo recibidas desde los Estados Parte, organizaciones de la sociedad civil e instituciones vinculadas a la defensa del Estado de Derecho y de la justicia internacional.
Washington endurece su ofensiva contra La Haya
Las nuevas medidas incluyen a Akane y al juez Abdoulaye Seye. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la decisión argumentando que ambos participaron directamente en iniciativas destinadas a investigar, detener, encarcelar o procesar a funcionarios pertenecientes a países que no han ratificado el Estatuto de Roma.
Washington sostiene que permitir al TPI ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no reconocen su autoridad genera un precedente que podría afectar a otras naciones.
Estados Unidos no es Estado Parte del TPI y mantiene desde hace años una relación conflictiva con la institución. La confrontación aumentó especialmente a partir de las actuaciones del tribunal relacionadas con Israel, otro país que tampoco forma parte del Estatuto de Roma.
La política de sanciones se intensificó desde 2025. El propio tribunal incorporó en la planificación de su presupuesto para 2026 los efectos de las amenazas y medidas coercitivas adoptadas contra sus funcionarios, señalando la necesidad de preservar la independencia de sus operaciones judiciales.
Gaza, Israel y el origen de una disputa creciente
Uno de los principales antecedentes de la actual confrontación se encuentra en las investigaciones del TPI sobre la situación en los territorios palestinos y, particularmente, en las actuaciones vinculadas con la guerra iniciada después de los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.
El tribunal ha investigado presuntos crímenes internacionales cometidos durante el conflicto, un proceso que provocó un fuerte rechazo del Gobierno israelí y de Washington. Estados Unidos ha cuestionado que el organismo pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos israelíes, mientras el TPI sostiene que actúa dentro de las competencias que le entrega el Estatuto de Roma.
Unión Europea cierra filas con TPI tras sanciones de EEUU contra su presidenta
El conflicto adquirió así una dimensión que supera la guerra en Medio Oriente y plantea una discusión más amplia sobre los límites de la justicia penal internacional y la capacidad del tribunal para investigar a ciudadanos de países que no reconocen directamente su jurisdicción.
La controversia también se produce mientras el TPI mantiene abiertas actuaciones relacionadas con otros conflictos internacionales, incluida Ucrania. La institución ha enfrentado, además de las sanciones estadounidenses, órdenes de detención emitidas por Rusia contra varios de sus integrantes.
Europa cierra filas con el tribunal
La nueva ofensiva estadounidense provocó también una reacción de las instituciones europeas. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresaron este miércoles su respaldo a Akane y al TPI frente a las sanciones de Washington.
El apoyo europeo profundiza las diferencias transatlánticas respecto del organismo y de la arquitectura de justicia internacional construida alrededor del Estatuto de Roma.
Para el TPI, el problema trasciende las consecuencias personales y financieras que puedan sufrir sus magistrados. La institución sostiene que sancionar a jueces y fiscales por las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones amenaza directamente su independencia.
Por ello, La Haya aseguró que continuará desarrollando sus investigaciones y procesos judiciales pese a las medidas estadounidenses y reiteró que su mandato seguirá guiándose por el Estatuto de Roma y por la búsqueda de justicia para las víctimas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
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