Costa Rica inició oficialmente las operaciones de su nueva megacárcel de máxima seguridad, inspirada en el modelo penitenciario del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con el traslado de los primeros 123 reclusos al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela.
El ingreso de los internos se concretó el lunes 26 de octubre, bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo procedimientos similares a los utilizados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
Los presos fueron trasladados con uniformes de color naranja, la cabeza rapada y bajo una fuerte vigilancia policial, en una operación que marca una nueva etapa en la política de seguridad impulsada por la presidenta costarricense, Laura Fernández.
Entre los primeros internos se encuentran tres sospechosos del asesinato del policía Gerson Rosales Cascante, ocurrido el 13 de mayo pasado en Batán, provincia de Limón.
Los imputados, identificados por los apellidos Menocal, Mora y Vílchez, permanecen en prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial. Su traslado fue dispuesto por las autoridades penitenciarias tras una solicitud expresa de la mandataria.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, calificó la apertura del establecimiento como un acontecimiento histórico para el país y aseguró que representa un cambio en la forma de enfrentar a las organizaciones criminales que operan dentro de las prisiones.
«Durante años permitimos que las estructuras criminales pretendieran convertir nuestras cárceles en centros de operaciones para seguir delinquiendo. Con el CACCO estamos enviando un mensaje contundente: se acabó la alcahuetería», afirmó Aguilar.
El secretario de Estado sostuvo que el objetivo es impedir que narcotraficantes, sicarios y dirigentes de organizaciones delictivas continúen coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.
Una inversión superior a 33 millones de dólares
El CACCO fue inaugurado el 14 de octubre por la presidenta Laura Fernández y contempla una inversión oficial de 33.155.897 dólares, cifra que corrige los 35 millones de dólares mencionados inicialmente.
El establecimiento dispone de 31.048 metros cuadrados construidos sobre un terreno de aproximadamente 91.000 metros cuadrados, dentro del complejo penitenciario La Reforma.
Su capacidad máxima es de 5.100 personas, distribuidas en cinco módulos de 1.020 internos cada uno.
Cada módulo cuenta con 17 celdas de aproximadamente 90 metros cuadrados, diseñadas para albergar hasta 60 reclusos por unidad.
La infraestructura incorpora sistemas de videovigilancia permanente, controles de acceso, dispositivos de monitoreo y puestos estratégicos para los funcionarios penitenciarios.
Las autoridades también han establecido normas especiales de vestimenta, desplazamiento y supervisión de los internos, con el propósito de limitar las comunicaciones ilícitas y fortalecer el control institucional.
El Gobierno proyecta completar progresivamente los traslados y alcanzar la ocupación máxima del recinto durante diciembre de 2026.
Gobierno busca reducir sobrepoblación carcelaria del 59% al 15%
Uno de los principales argumentos para construir la megacárcel es la elevada sobrepoblación que afecta al sistema penitenciario costarricense.
Según las estimaciones gubernamentales, la saturación alcanza actualmente un 59% y podría disminuir hasta un 15% cuando el nuevo establecimiento opere a plena capacidad.
Esto representaría una reducción de 44 puntos porcentuales, aunque se trata de una proyección oficial cuyo cumplimiento dependerá de la ocupación efectiva del complejo y de la evolución de la población penitenciaria.
El Ministerio de Justicia considera que la nueva infraestructura permitirá redistribuir a los internos y reforzar la vigilancia sobre quienes presentan mayores riesgos de violencia o mantienen vínculos con organizaciones criminales.
La administración de Fernández también pretende evitar que las cárceles sigan funcionando como centros desde los cuales se ordenan homicidios, extorsiones y operaciones relacionadas con el narcotráfico.
La influencia del modelo de Nayib Bukele
La construcción del CACCO refleja la creciente influencia regional de la estrategia penitenciaria desarrollada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
En febrero de 2023, el mandatario salvadoreño inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad concebida para albergar hasta 40.000 personas y convertida en uno de los principales símbolos de su ofensiva contra las pandillas.
El establecimiento se caracteriza por sus estrictos controles de seguridad, la vigilancia permanente y las severas restricciones impuestas a los internos.
Durante una visita a Costa Rica en noviembre de 2024, Bukele recorrió instalaciones penitenciarias y abordó con las autoridades locales los desafíos asociados al crimen organizado.
Posteriormente, el modelo salvadoreño adquirió mayor protagonismo en el debate político costarricense, especialmente ante el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales.
La presidenta Fernández también visitó el CECOT antes de la puesta en funcionamiento de la nueva prisión costarricense, con el objetivo de conocer sus procedimientos operativos.
Sin embargo, ambos establecimientos presentan diferencias importantes en capacidad y marco institucional. Mientras el CECOT puede albergar hasta 40.000 personas, el CACCO dispone de 5.100 plazas y opera dentro del sistema penitenciario y judicial de Costa Rica.
Cuestionamientos por derechos humanos
La implementación del nuevo régimen penitenciario también ha generado controversia.
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para cuestionar aspectos relacionados con las condiciones de temperatura, privacidad, seguridad y atención médica de los internos.
La organización solicitó suspender los traslados mientras se examinan los riesgos denunciados.
El debate se relaciona con las críticas internacionales que ha recibido el modelo salvadoreño por las condiciones de detención, las restricciones a las garantías judiciales y las denuncias de vulneraciones de derechos humanos durante el régimen de excepción.
Frente a estos cuestionamientos, la presidenta Fernández ha sostenido que el nuevo establecimiento respetará los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Las autoridades costarricenses aseguran que la estrategia busca reforzar la seguridad sin abandonar las obligaciones legales y constitucionales del Estado.
Un nuevo capítulo en la política de seguridad centroamericana
La apertura del CACCO se produce en un contexto de creciente preocupación por la expansión del crimen organizado en Centroamérica, donde el narcotráfico, la violencia armada y el control de territorios por organizaciones delictivas representan desafíos persistentes para los gobiernos.
Costa Rica, históricamente reconocida por su estabilidad institucional y la ausencia de Fuerzas Armadas permanentes, ha enfrentado en los últimos años un deterioro de sus indicadores de seguridad, especialmente por los homicidios relacionados con disputas entre bandas criminales.
La nueva megacárcel constituye una de las principales respuestas de la administración de Laura Fernández a esta situación.
No obstante, el resultado de la iniciativa dependerá no solo de su capacidad para aislar a los dirigentes criminales, sino también de su impacto efectivo sobre la violencia, el funcionamiento del sistema penitenciario y el respeto de las garantías judiciales.
Con los primeros 123 internos ya trasladados, Costa Rica comienza a poner a prueba una estrategia que combina el endurecimiento de la política carcelaria con la influencia del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.
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