El exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad colombiana, Miguel Armando Castellanos Serrano, fue asesinado a tiros el lunes 26 de octubre en un ataque perpetrado en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.
El homicidio ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el sector de El Pórtico, sobre el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, cuando el dirigente político se desplazaba en una camioneta acompañado de uno de sus hijos menores de edad.
Según las investigaciones preliminares, una motocicleta habría impactado deliberadamente el vehículo en el que viajaba Castellanos. Cuando el exfuncionario descendió para verificar los daños y conversar con los ocupantes, fue atacado a balazos.
El político recibió varios disparos, incluido uno en la cabeza, y falleció en el lugar. El menor que lo acompañaba resultó ileso.
Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el supuesto accidente fue una maniobra para obligar a Castellanos a detenerse y abandonar la protección de su camioneta blindada. Sin embargo, todavía no se ha establecido oficialmente el móvil del asesinato ni la identidad de los responsables.
Autoridades ofrecen recompensa de US$27 mil
Tras el crimen, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos, equivalentes aproximadamente a US$27.000, por información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio.
La cifra fue confirmada después de un consejo extraordinario de seguridad realizado durante la noche del lunes, en el que también se abordó el asesinato de Evelyn Julieth Tapias Bastidas, ocurrido durante la misma jornada.
Inicialmente, la Gobernación había anunciado una recompensa de 50 millones de pesos colombianos, aproximadamente US$13.500, pero posteriormente se informó del monto de hasta 100 millones de pesos mediante la coordinación de las autoridades locales y departamentales.
La Policía desplegó equipos especializados de investigación judicial y activó operativos de búsqueda, mientras la Fiscalía General de la Nación inició las diligencias para reconstruir los hechos y determinar quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque.
Una de las principales interrogantes es por qué Castellanos se encontraba sin sus escoltas, pese a contar con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Presidente colombiano exige esclarecer el crimen
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el asesinato y aseguró que el Estado utilizará sus capacidades para identificar y detener a los responsables.
«El asesinato de Miguel Castellanos no puede quedar impune», manifestó el mandatario, quien instruyó a la Policía Nacional a coordinar las investigaciones con la Fiscalía General de la Nación.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, también pidió reforzar las medidas de seguridad en Cúcuta y advirtió sobre los riesgos que representa la violencia contra quienes participan en actividades políticas.
Las reacciones se extendieron a dirigentes de distintas colectividades, que expresaron preocupación por el asesinato de un aspirante a un cargo de elección popular cuando Colombia se prepara para los comicios regionales de 2027.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su solidaridad con la familia del dirigente y rechazó que la participación política pueda convertirse en motivo de amenazas o ataques violentos.
Su hermano había sufrido otro atentado en febrero
Miguel Castellanos era mayor retirado de la Policía Nacional, institución en la que desarrolló una carrera de más de dos décadas antes de incorporarse a la administración pública.
Se desempeñó como secretario de Gobierno de Cúcuta durante la administración del alcalde Jorge Acevedo y dejó el cargo en enero de 2026 para avanzar en su proyecto político de cara a las elecciones municipales de 2027.
El dirigente pertenecía a una familia con presencia en la política y el deporte colombiano. Era hermano de Jairo Castellanos, exsenador de la República, y de Leandro Castellanos, exarquero de Independiente Santa Fe y de la selección colombiana, actualmente concejal de Bogotá.
Uno de los antecedentes más relevantes es el atentado sufrido por Jairo Castellanos en febrero de 2026, en el municipio de Tame, departamento de Arauca.
En aquella ocasión, hombres armados atacaron su dispositivo de seguridad y asesinaron a dos integrantes de su escolta. El entonces parlamentario sobrevivió al ataque.
Este antecedente forma parte de los hechos que podrían ser examinados por los investigadores, aunque hasta ahora no existen elementos públicos suficientes para establecer una relación entre ambos atentados.
Violencia política y criminalidad en la frontera con Venezuela
El asesinato vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en Cúcuta, capital de Norte de Santander y uno de los principales centros urbanos de la frontera entre Colombia y Venezuela.
La región enfrenta desde hace años problemas relacionados con el narcotráfico, el contrabando, la extorsión y la presencia de organizaciones armadas ilegales que operan en corredores fronterizos.
Entre las estructuras criminales que han sido investigadas por su actividad en la zona se encuentran organizaciones dedicadas al sicariato y al control de economías ilícitas, además de grupos armados con presencia histórica en Norte de Santander.
En el caso de Castellanos, las autoridades también examinan posibles vínculos del homicidio con bandas delincuenciales que operan en Cúcuta, aunque ninguna organización ha sido identificada oficialmente como responsable.
La muerte del exsecretario de Gobierno se produce en un contexto de preocupación por la seguridad de dirigentes políticos y funcionarios públicos, especialmente en territorios donde convergen disputas criminales y actividades electorales.
Por ahora, la investigación se concentra en identificar a los atacantes, establecer si existieron seguimientos previos a la víctima y determinar quién pudo haber ordenado el asesinato.
Hasta la mañana de este martes 27 de octubre no se habían confirmado públicamente capturas relacionadas con el crimen.
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