El Gobierno del presidente argentino Javier Milei decidió profundizar su ofensiva judicial contra las empresas que participan en proyectos de exploración y explotación petrolera en aguas próximas a las islas Malvinas, al anunciar nuevas denuncias y la ampliación de las acciones ya presentadas ante la Justicia.
El Ejecutivo argentino sostiene que estas actividades se realizan sin autorización de Buenos Aires y vulneran la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que se presentarán nuevas acciones contra compañías involucradas en esas operaciones y que será ampliada la denuncia judicial interpuesta durante la semana pasada.
Buenos Aires afirmó que continuará utilizando los instrumentos legales y administrativos disponibles para impedir actividades que, según su posición, vulneran los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos.
La ofensiva ya llegó a los tribunales. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió investigar a directivos y accionistas de la petrolera israelí Navitas Petroleum y de la británica Rockhopper Exploration por su participación en la explotación de hidrocarburos en el área. Las pesquisas incluyen también el análisis de movimientos económicos y financieros vinculados a las compañías.
La semana pasada, el Gobierno había anunciado acciones contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
A esas medidas se sumó el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos presuntamente vinculados con actividades prohibidas por la legislación argentina, adicionales a otros 45 sobre los cuales ya se habían iniciado procedimientos.
Sea Lion, el proyecto que eleva la tensión
El trasfondo inmediato de la disputa es el desarrollo de Sea Lion, uno de los principales proyectos petroleros previstos en torno a las Malvinas y ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Navitas posee una participación del 65% en el proyecto y Rockhopper el 35%. La iniciativa ya alcanzó su decisión final de inversión y contempla comenzar la producción de petróleo en 2028.
La primera etapa considera 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Posteriormente está prevista una segunda fase con otros 12 pozos. Navitas calcula reservas probadas y probables atribuibles a su participación equivalentes a 216 millones de barriles de petróleo equivalente.
La inversión proyectada para Sea Lion ronda los US$2.200 millones, mientras que la producción inicial podría situarse en torno a 50.000 a 55.000 barriles diarios. Los planes de expansión podrían elevar significativamente esa capacidad durante las siguientes etapas del desarrollo.
En agosto, además, Navitas ejerció una opción para adquirir por aproximadamente US$125 millones una segunda plataforma flotante, OSX-1, destinada a acelerar el desarrollo de nuevas áreas del yacimiento. La compañía estima que esta expansión podría añadir hasta 125.000 barriles diarios de capacidad productiva.
Argentina considera ilegales las licencias otorgadas por las autoridades de las islas, mientras las empresas sostienen que cuentan con permisos válidos concedidos por el gobierno del territorio bajo administración británica.
Londres responde
El Gobierno británico rechazó la posición argentina y reafirmó que respalda el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
Londres sostiene que las Malvinas —a las que denomina Falkland Islands— constituyen un territorio británico de ultramar y mantiene que Argentina carece de jurisdicción sobre las actividades económicas desarrolladas allí.
Reino Unido reiteró además que no negociará la soberanía del archipiélago mientras sus habitantes no manifiesten su voluntad de hacerlo, manteniendo así una posición diametralmente opuesta a Buenos Aires respecto de la disputa territorial.
El Gobierno de Milei, por su parte, prepara además una iniciativa legislativa destinada a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en las islas. El proyecto podría ampliar las restricciones actualmente concentradas en los hidrocarburos hacia empresas relacionadas y otras actividades que Argentina considere que afectan sus recursos naturales.
Argentina abre la puerta a una mediación de Trump
En medio de esta nueva escalada, el canciller argentino, Pablo Quirno, respaldó la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contribuya a generar un diálogo entre Argentina y Reino Unido.
Quirno sostuvo que Buenos Aires busca históricamente una negociación con Londres y valoró cualquier intervención que permita acercar a las partes.
La posibilidad cobró fuerza después de que Trump sugiriera públicamente que podría intervenir en la controversia. Milei mantiene una estrecha relación política con el mandatario estadounidense, mientras Washington ha mantenido tradicionalmente una posición de reconocimiento de la administración británica de las islas sin pronunciarse a favor de una de las partes en la disputa de soberanía.
Una disputa de más de cuatro décadas
La controversia sobre los hidrocarburos agrega ahora una dimensión económica de gran escala a una disputa territorial que permanece abierta desde hace décadas.
Argentina sostiene que las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur forman parte de su territorio y reclama negociaciones bilaterales para resolver la cuestión de soberanía. Reino Unido mantiene que la situación debe definirse conforme al principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.
El conflicto alcanzó su punto más crítico en 1982, cuando Argentina y Reino Unido libraron una guerra de diez semanas por el control del archipiélago. La derrota argentina aceleró el derrumbe de la dictadura militar, mientras la victoria británica fortaleció políticamente al gobierno de Margaret Thatcher.
Más de cuatro décadas después, el avance hacia la explotación comercial de Sea Lion vuelve a colocar a los recursos naturales en el centro de la controversia. Con el inicio de la producción previsto para 2028 y miles de millones de dólares comprometidos en inversiones, la disputa por Malvinas adquiere ahora una creciente dimensión energética, económica y judicial.
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