“Bolivia tiene sus posiciones, Chile tiene las suyas […] las diferencias no pueden ser excusa para estar paralizados”. Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast defendió este viernes en La Paz una nueva etapa de acercamiento bilateral. Sin embargo, la fórmula utilizada admite una lectura crítica: presentar como posiciones contrapuestas una soberanía territorial establecida y una aspiración boliviana de obtener acceso soberano al océano Pacífico.
La distinción importa. Chile y Bolivia pueden mantener diferencias políticas e interpretaciones históricas, pero eso no significa que exista una controversia territorial pendiente de resolución entre pretensiones jurídicamente equivalentes. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 fijó los límites entre ambos países. La reivindicación marítima boliviana no altera por sí misma ese marco.
Además, el 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda con la que Bolivia buscaba establecer que Chile tenía una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar. El tribunal concluyó que los antecedentes invocados no habían generado esa obligación.
Desde esa perspectiva, el riesgo del lenguaje presidencial es político y diplomático: Bolivia podría utilizar el reconocimiento de “diferencias históricas” para insistir en que existe un asunto bilateral pendiente, aunque esas palabras no constituyen, por sí solas, una obligación de negociar ni una concesión territorial.
Una reivindicación que Bolivia mantiene
Durante el encuentro, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, recordó que la reivindicación marítima está incorporada en la Constitución de su país, aunque manifestó que esa historia no debe frenar su desarrollo. La voluntad de cooperación, por tanto, convive con la continuidad de esa aspiración.
Precisamente por ello, la formulación chilena exige cuidado. Reconocer que Bolivia sostiene una demanda política es distinto de presentar la soberanía de Chile como una “posición” frente a otra. La crítica a Kast apunta a esa ambigüedad: una frase concebida para facilitar el acercamiento puede ofrecer argumentos para una interpretación que Chile no comparte.
La importancia de las palabras también aparece en el comunicado conjunto suscrito por los gobiernos de Kast y Javier Milei en septiembre. Además del tradicional respaldo chileno a la posición argentina sobre las Malvinas, el documento incorporó una referencia a esfuerzos de Chile para evitar la consolidación de actividades logísticas calificadas como ilegales en la zona disputada.
Ese antecedente muestra por qué las declaraciones presidenciales requieren una lectura cuidadosa: su alcance puede exceder el gesto de amistad que se busca transmitir.
La visita a La Paz permitió avanzar en acuerdos comerciales, cooperación minera y conectividad, dentro de una agenda de acercamiento que las cancillerías venían preparando.
El punto cuestionable es la forma de explicar ese acercamiento. Kast podía defender una relación más estrecha y, al mismo tiempo, precisar que la cooperación se desarrolla sobre la base de los tratados vigentes y del respeto a la soberanía de cada país. De ahí que, expertos en la materia, sostienen que al presidente le falta asesoramiento en temas internacionales.
No hay antecedentes públicos que permitan asegurar si Cancillería advirtió sobre esa formulación. Lo verificable es que el Presidente habló de “posiciones” y “diferencias” ante un gobierno que mantiene su reivindicación marítima.
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