Los líderes de la Unión Europea (UE) expresaron este viernes su profundo rechazo a las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y advirtieron que están dispuestos a adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar la independencia y continuidad de sus operaciones.
La posición fue acordada durante la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas, donde los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros instaron a la administración del presidente Donald Trump a revertir las restricciones.
Además, solicitaron a la Comisión Europea impulsar mecanismos para proteger tanto al tribunal como a las empresas europeas que mantienen relaciones comerciales o prestan servicios financieros y tecnológicos a la institución judicial internacional.
La decisión abre un nuevo frente de tensión entre Bruselas y Washington, esta vez relacionado con el alcance de la justicia internacional y la capacidad de Estados Unidos para imponer restricciones que afectan a instituciones y operadores fuera de su territorio.
Europa busca proteger la independencia del tribunal
En sus conclusiones, los mandatarios europeos reafirmaron su respaldo a la CPI, institución con sede en La Haya encargada de investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, dentro de los límites de su jurisdicción.
Los líderes también reconocieron la decisión estadounidense de aplazar la entrada en vigor de las sanciones y manifestar su disposición a discutir sus preocupaciones con los países que forman parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal.
Para la UE, esta postergación representa una oportunidad diplomática para conseguir el retiro definitivo de las medidas y evitar nuevas restricciones que puedan comprometer la independencia e integridad de la corte.
Sin embargo, el bloque advirtió que no descarta responder mediante instrumentos propios si las sanciones terminan afectando el funcionamiento de la institución.
El Estatuto de Bloqueo aparece como alternativa
Una de las posibilidades que podría evaluar Bruselas es recurrir al denominado Estatuto de Bloqueo, un mecanismo europeo diseñado para proteger a empresas y ciudadanos de la aplicación extraterritorial de determinadas sanciones impuestas por terceros países.
Aunque las conclusiones del Consejo Europeo no mencionan expresamente este instrumento, los mandatarios dejaron abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas de protección.
La preocupación se concentra especialmente en los servicios financieros, bancarios y comerciales que necesita la CPI para desarrollar sus actividades.
Las restricciones estadounidenses podrían dificultar pagos, operaciones bancarias y contratos con proveedores, incluso cuando estos se encuentran establecidos dentro de la Unión Europea.
Por ello, los líderes solicitaron a la Comisión Europea estudiar iniciativas que permitan mantener la prestación de servicios al tribunal y reducir el impacto de las sanciones sobre las compañías europeas.
Antecedentes: Israel, Gaza y las tensiones con Washington
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional tiene antecedentes vinculados con investigaciones sobre actuaciones militares estadounidenses y, más recientemente, con los procedimientos judiciales relacionados con la guerra en Gaza.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el conflicto en el territorio palestino.
Las órdenes fueron rechazadas por Israel y Estados Unidos, países que no reconocen la jurisdicción general de la corte como Estados parte del Estatuto de Roma.
En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que estableció un régimen de sanciones contra personas vinculadas con determinadas actuaciones del tribunal, al considerar que este había ejercido una jurisdicción ilegítima sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes.
Estas diferencias se han profundizado en medio de las investigaciones sobre la guerra en Gaza y las denuncias de violaciones al derecho internacional humanitario en Medio Oriente.
La controversia también ha puesto de manifiesto las diferencias entre Washington y varios gobiernos europeos respecto de la competencia de los tribunales internacionales y la obligación de cooperar con sus decisiones.
Una disputa que trasciende al tribunal
La CPI fue creada mediante el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, y comenzó a funcionar en 2002. Su misión es perseguir penalmente a los responsables individuales de los crímenes internacionales más graves cuando se cumplen los requisitos de jurisdicción y admisibilidad.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias entre Estados, la CPI establece responsabilidades penales individuales.
Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, mientras que los 27 integrantes de la Unión Europea son Estados parte.
Esta diferencia explica parte de las tensiones existentes entre ambas potencias respecto de la autoridad del tribunal y el cumplimiento de sus resoluciones.
Para Bruselas, el desafío inmediato consiste en impedir que las restricciones estadounidenses paralicen servicios esenciales de la CPI o afecten a empresas europeas por mantener relaciones con la institución.
El Consejo Europeo dejó en manos de la Comisión Europea la evaluación de los instrumentos disponibles, mientras mantiene abierta la vía diplomática para alcanzar un entendimiento con Washington.
La controversia podría convertirse en una nueva prueba para las relaciones transatlánticas, especialmente si Estados Unidos decide ampliar las sanciones o la Unión Europea activa mecanismos destinados a neutralizar sus efectos dentro del mercado comunitario.
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