
El Gobierno anunció un aumento del presupuesto destinado a seguridad minera del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para 2027, con el propósito de fortalecer las labores de fiscalización, incorporar nuevas tecnologías preventivas y avanzar hacia el objetivo de cero fatalidades en la industria.
La medida fue comunicada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante una sesión de la Mesa por la Seguridad Minera, instancia convocada por el Ejecutivo y que reunió a representantes de trabajadores, empresas, gremios, mutuales y autoridades del sector.
Según explicó el secretario de Estado, el incremento de recursos permitirá contratar más fiscalizadores, adquirir equipamiento especializado y ampliar la presencia territorial del organismo encargado de supervisar la seguridad de las operaciones mineras.
La iniciativa contempla dos metas para fines de 2027: alcanzar las 13 mil fiscalizaciones anuales, un 30% más que en 2026, y elevar al 50% la proporción de faenas mineras sometidas a inspección.
Esto último representa un avance significativo en la cobertura del sistema de control, aunque también implica que una parte importante de las operaciones continuará fuera de la fiscalización directa anual.
Seguridad minera como desafío nacional
Durante el encuentro, Mas sostuvo que la prevención de accidentes debe involucrar a todos los actores de la industria, desde las grandes compañías hasta los pequeños productores y contratistas.
«Este es un desafío país. No es un problema de una empresa, de los trabajadores, de los proveedores o sólo del Estado. La gran, mediana y pequeña minería, las compañías, los contratistas y las autoridades debemos asumir esta tarea en conjunto y con seriedad», afirmó.
El biministro enfatizó que la estrategia gubernamental apunta a reducir los riesgos laborales mediante una mayor coordinación institucional y un fortalecimiento de las capacidades preventivas.
«Nuestro objetivo es la fatalidad cero. Para alcanzarlo debemos trabajar coordinados y con una sola voz, que oriente tanto la política pública como el actuar de cada uno de los que están involucrados», agregó.
El anuncio se produce en un contexto en que la seguridad de los trabajadores continúa siendo uno de los principales desafíos de la minería chilena, especialmente por los riesgos asociados a las operaciones subterráneas, el manejo de maquinaria pesada, las condiciones geológicas y las actividades de empresas contratistas.
Más tecnología y presencia en terreno
El subsecretario de Minería, Álvaro González, destacó que el aumento presupuestario permitirá fortalecer un modelo de fiscalización con mayor énfasis en la prevención y el uso de herramientas tecnológicas.
«Vamos a estar en terreno de manera más frecuente, con mayor capacidad y con mayor presencia», aseguró.
La incorporación de equipamiento especializado y el aumento de personal buscan mejorar la capacidad de Sernageomin para identificar condiciones de riesgo antes de que se produzcan accidentes.
El fortalecimiento de la fiscalización también apunta a ampliar la supervisión de operaciones que, por su tamaño, ubicación o características productivas, presentan mayores dificultades para recibir inspecciones periódicas.
Sin embargo, el Ejecutivo no precisó el monto total del incremento presupuestario ni el número de nuevos fiscalizadores que serán contratados.
Esos antecedentes serán relevantes para evaluar la magnitud efectiva de la inversión y determinar si los recursos comprometidos resultan suficientes para cumplir las metas anunciadas.
Mesa reunirá a trabajadores, empresas y autoridades
La Mesa por la Seguridad Minera busca establecer un espacio de coordinación entre los distintos sectores vinculados a la actividad extractiva.
González explicó que el encuentro constituye la primera de varias instancias de diálogo que se desarrollarán tanto en Santiago como en regiones.
«Esta mesa transversal es la primera de varias instancias con distintos actores, en Santiago y regiones, que esperamos puedan aportar al debate», señaló.
En la reunión participaron el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; el director nacional subrogante de Sernageomin, Mauricio Lorca; y la seremi de Minería de la Región Metropolitana, Paluska Solar.
También asistieron representantes de organizaciones de trabajadores y federaciones mineras, entre ellos Ricardo Calderón, Guillermo Santander, Marco García, Jorge Arroyo, Óscar Villarroel y Francisco Ibaceta.
Por parte de las empresas y organizaciones sectoriales estuvieron representantes de Codelco, Enami, Antofagasta Minerals, BHP, Collahuasi, Anglo American, Minera Las Cenizas y Minera Carola, además de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) y mutuales de seguridad.
El desafío de reducir los accidentes fatales
El fortalecimiento presupuestario de Sernageomin busca responder a una de las principales exigencias de la industria: reducir la ocurrencia de accidentes graves y fatales mediante controles más frecuentes y medidas preventivas eficaces.
La ampliación de las inspecciones también plantea el desafío de asegurar que las observaciones detectadas se traduzcan en correcciones oportunas por parte de las empresas.
En ese sentido, la efectividad de la iniciativa no dependerá exclusivamente del número de fiscalizaciones realizadas, sino también de su calidad, del seguimiento de las infracciones y del cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas.
El Gobierno espera que las nuevas capacidades operativas permitan avanzar hacia una supervisión más amplia y preventiva de la actividad minera.
La meta de cero fatalidades constituye el objetivo central de la estrategia, mientras que el cumplimiento de las 13 mil fiscalizaciones y la cobertura del 50% de las faenas serán los primeros indicadores concretos para evaluar sus resultados durante 2027.
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