La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado, en el contexto de los bloqueos que se extendieron durante más de 50 días en distintas zonas del país.
Las movilizaciones fueron impulsadas en rechazo a la gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz y provocaron prolongadas interrupciones del tránsito y de servicios públicos.
La orden fue emitida por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, luego de una denuncia presentada a comienzos de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, organización conservadora del departamento de Santa Cruz. Posteriormente, el Ministerio de Gobierno se sumó a la acción judicial.
Morales es investigado por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
El exmandatario acusó al Ejecutivo de estar detrás de la orden de detención y sostuvo que las autoridades buscan atribuirle la responsabilidad por las movilizaciones sociales.
“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, afirmó.
Morales agregó que se mantiene “del lado de quienes sufren” y aseguró que los procesos judiciales y la “persecución política” no resolverán los problemas del país.
“Solo intentan desviar la atención con un nuevo titular. No nos van a intimidar”, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.
La denuncia del Comité Cívico Pro Santa Cruz también incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva.
Un informe presentado a comienzos de julio por la Defensoría del Pueblo cifró en 22 los fallecidos y en 88 los heridos durante los bloqueos. El organismo advirtió, sin embargo, que se han difundido diferentes balances y recordó que corresponde a la Fiscalía confirmar las cifras e iniciar las investigaciones penales respectivas.
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