El Gobierno de El Salvador confirmó que mantendrá un despliegue de más de 2.000 soldados en Haití para intentar rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, cuando fueron atacados por grupos armados en las afueras de Puerto Príncipe.
La decisión fue comunicada tras una conversación telefónica entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, durante la cual ambos dirigentes abordaron las operaciones de búsqueda y la continuidad de la cooperación militar entre sus países.
La Cancillería salvadoreña precisó que se trata de una operación a gran escala respaldada por distintos países y organismos internacionales, destinada tanto a recuperar a los militares como a reforzar las acciones contra las pandillas que controlan extensas zonas del territorio haitiano.
Bukele destacó la magnitud del operativo y reiteró su disposición a continuar colaborando con las autoridades haitianas para enfrentar a las organizaciones criminales. También agradeció la cooperación de las fuerzas de seguridad locales y el respaldo de la población.
Aunque el Gobierno anunció un despliegue superior a 2.000 efectivos, los últimos antecedentes disponibles indican que alrededor de 1.300 militares salvadoreños ya habían llegado a Haití hasta el martes 27 de octubre, después del arribo de un contingente adicional de 690 soldados.
Los cuatro aerotécnicos pertenecen a la Fuerza Aérea de El Salvador y participaban en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por Naciones Unidas.
Los militares desaparecieron el 18 de octubre en la localidad de Santo, perteneciente a Croix-des-Bouquets, aproximadamente a 12 kilómetros de Puerto Príncipe.
Según los antecedentes conocidos, regresaban a su base en un vehículo blindado cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos. El vehículo terminó incendiado y sus ocupantes debieron abandonarlo.
Tras el incidente, Bukele ordenó reforzar las operaciones militares y exigió que los cuatro salvadoreños fueran liberados con vida.
El pasado 24 de octubre surgieron versiones sobre el hallazgo de cuerpos que podrían corresponder a los desaparecidos. Sin embargo, el mandatario rechazó esa información y aseguró que los restos entregados a las autoridades pertenecían a otras personas.
Hasta este jueves 29 de octubre no se había confirmado oficialmente el paradero de los cuatro militares.
La participación salvadoreña en Haití comenzó en el marco de los esfuerzos internacionales para contener la violencia de las organizaciones criminales que operan en el país caribeño.
En septiembre pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos, una ley especial que autorizó la continuidad de la participación de sus Fuerzas Armadas en la misión internacional.
La Fuerza de Supresión de Pandillas reemplazó al anterior mecanismo multinacional de apoyo a la seguridad y contempla una dotación autorizada de hasta 5.500 efectivos.
Sin embargo, antes de los últimos refuerzos salvadoreños, la misión contaba con aproximadamente 2.000 integrantes, considerablemente por debajo de su capacidad prevista.
El contingente salvadoreño desarrolla funciones de evacuación médica, búsqueda y rescate, patrullaje aéreo y apoyo operativo a las fuerzas de seguridad haitianas.
El despliegue ocurre en medio de una crisis política, humanitaria y de seguridad que se ha profundizado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
Las pandillas armadas han extendido su influencia sobre sectores de Puerto Príncipe y sus alrededores, controlando rutas estratégicas y dificultando el funcionamiento de servicios esenciales.
La violencia también ha provocado desplazamientos masivos de población y un deterioro de las condiciones sanitarias y alimentarias.
De acuerdo con los últimos antecedentes internacionales, más de 5.700 personas murieron o resultaron heridas por la violencia en Haití entre enero y mediados de septiembre de 2026.
En paralelo, el Consejo Electoral Provisional haitiano anunció un nuevo calendario que contempla celebrar la primera vuelta de las elecciones generales el 18 de julio de 2027, en un intento por recuperar la institucionalidad democrática del país.
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