La Fiscalía especial de Corea del Sur solicitó este jueves 29 de octubre nuevamente la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk Yeol, durante el juicio de apelación por su responsabilidad en la declaración de ley marcial del 3 de diciembre de 2024, episodio que desencadenó una de las mayores crisis políticas del país en las últimas décadas.
Durante la audiencia celebrada ante el Tribunal Superior de Seúl, el equipo encabezado por el fiscal especial Cho Eun Seok sostuvo que la cadena perpetua dictada en febrero de 2026 resulta demasiado leve frente a la gravedad de los delitos atribuidos al exmandatario.
La acusación argumentó que Yoon encabezó una insurrección destinada a alterar el orden constitucional y concentrar el poder político, utilizando para ello a las Fuerzas Armadas y a organismos policiales.
Según la Fiscalía, la operación no fue una decisión improvisada, sino el resultado de una planificación que se habría extendido durante al menos ocho meses.
El Ministerio Público calificó los hechos como una traición a la confianza ciudadana y sostuvo que no existen razones para descartar la aplicación de la máxima pena contemplada por la legislación surcoreana.
Una crisis que terminó con su destitución
El 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol sorprendió al país al decretar la ley marcial, argumentando la necesidad de enfrentar a supuestas fuerzas contrarias al Estado y superar el bloqueo político que atribuía a la oposición parlamentaria.
La medida provocó una inmediata reacción institucional y ciudadana. Tropas militares fueron desplegadas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, mientras legisladores intentaban ingresar al Parlamento para votar contra la decisión presidencial.
Pese al despliegue de seguridad, los parlamentarios consiguieron reunirse y aprobar el levantamiento de la ley marcial, que permaneció vigente durante aproximadamente seis horas.
La crisis derivó posteriormente en la suspensión de Yoon, su destitución definitiva en 2025 y la apertura de distintos procesos judiciales.
En febrero de 2026, un tribunal de primera instancia lo condenó a cadena perpetua tras determinar que el despliegue militar buscaba paralizar el funcionamiento del Parlamento y alterar el orden constitucional.
La defensa del exmandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que la declaración de ley marcial pretendía advertir sobre lo que Yoon consideraba una obstrucción sistemática del Gobierno por parte de la oposición.
La Fiscalía solicitó además cadena perpetua para el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, considerado una figura central en la planificación y ejecución de la medida.
Para el exgeneral Noh Sang Won pidió 30 años de prisión, mientras que para el antiguo jefe de la Policía Nacional, Cho Ji Ho, solicitó 20 años.
En tanto, el exjefe de la Policía Metropolitana de Seúl, Kim Bong Sik, enfrenta una petición de 15 años de cárcel.
Estas solicitudes forman parte del proceso destinado a establecer las responsabilidades de las autoridades civiles, militares y policiales que participaron en los acontecimientos de diciembre de 2024.
Corea del Sur no ejecuta condenados desde 1997
Aunque la pena capital continúa contemplada en el Código Penal surcoreano para delitos como encabezar una insurrección, Corea del Sur no realiza ejecuciones desde diciembre de 1997, por lo que es considerada un país abolicionista en la práctica.
La Fiscalía sostuvo que esa situación no constituye un impedimento para que los tribunales dicten una sentencia de muerte cuando estimen acreditada la gravedad de los hechos.
La legislación establece como posibles sanciones para quien encabece una insurrección la pena capital o distintas modalidades de prisión perpetua.
Por ello, incluso si el tribunal acepta la solicitud del Ministerio Público, una eventual ejecución no sería automática y dependería de procedimientos y decisiones posteriores.
Sentencia podría conocerse antes de fin de año
El Tribunal Superior de Seúl tiene previsto continuar las audiencias los días 3 y 5 de noviembre, cuando se escucharán los alegatos finales de las defensas y las últimas declaraciones de los acusados.
Yoon Suk Yeol deberá intervenir el 5 de noviembre, jornada en la que también podría anunciarse la fecha de lectura del fallo de segunda instancia.
Aunque todavía no existe un calendario definitivo, la resolución podría conocerse durante diciembre.
El proceso representa un nuevo capítulo de la crisis institucional que comenzó con la fallida declaración de ley marcial y que continúa teniendo consecuencias para la política y el sistema judicial de Corea del Sur.
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