
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió que la principal amenaza asociada a la expansión del crimen organizado en Chile es su capacidad para corromper instituciones y comprar la colaboración de funcionarios públicos.
En entrevista con Radio Bío Bío, el persecutor afirmó que el narcotráfico no se limita a la adquisición y distribución de sustancias ilícitas, sino que también destina recursos a obtener protección, información y facilidades dentro del Estado.
“El narcotráfico no solo compra droga; el narcotráfico también compra voluntades. Por eso la corrupción siempre va a ser la primera inversión y, por tanto, la corrupción también es nuestro primer objetivo”, señaló Castro Bekios.
El fiscal confirmó que el Ministerio Público mantiene investigaciones reservadas sobre eventuales casos de corrupción vinculados con organizaciones criminales. Explicó que la confidencialidad busca evitar que las bandas conozcan las estrategias, técnicas y diligencias utilizadas por los equipos investigadores.
A su juicio, la experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales difícilmente pueden mantenerse operativas durante un periodo prolongado sin contar con algún funcionario comprado o una red de protección institucional.
Más de 51 toneladas decomisadas durante 2026
Castro Bekios informó que, entre octubre de 2023 y el 15 de julio de 2026, en la Región de Antofagasta se incautaron 117 toneladas y 111 kilos de distintas sustancias ilícitas.
Solo durante este año, hasta el 15 de julio, los decomisos llegaron a 51 toneladas y 551 kilos, superando las 38 toneladas y 942 kilos incautadas durante todo 2025.
La cifra representa un crecimiento de 268% respecto del mismo periodo del año anterior y equivale a 3,7 veces el volumen decomisado hasta mediados de julio de 2025.
El fiscal atribuyó parte del incremento a la implementación de turnos especializados para procedimientos de drogas. El sistema permite que, ante una incautación relevante, las policías contacten inmediatamente a un fiscal especializado y continúen las diligencias para localizar proveedores, destinatarios, domicilios y redes asociadas.
La sustancia más decomisada es cannabis, que representa el 85,3% del total. También se registra un aumento de 334% en cocaína, de 60% en clorhidrato de cocaína y de 194% en ketamina.
Chile como país de tránsito, consumo y producción
El jefe regional del Ministerio Público sostuvo que ya no es correcto describir a Chile exclusivamente como un país de tránsito para el tráfico internacional de drogas.
“Sí. Tránsito, consumidor y productor”, respondió al ser consultado sobre la nueva posición del país dentro del mercado ilícito, aunque precisó que la producción todavía no se desarrolla a gran escala.
Castro Bekios explicó que Chile continúa siendo atractivo para el traslado de cargamentos hacia mercados extranjeros debido a sus más de 4.000 kilómetros de costa y a la existencia de puertos con conexiones hacia distintos continentes.
Sin embargo, añadió que el país también presenta elevados niveles de consumo de marihuana y cocaína, junto con una creciente presencia de drogas sintéticas, especialmente ketamina.
Además, identificó un aumento de la producción de marihuana en la Región de Coquimbo, particularmente en sectores cordilleranos del Valle del Limarí. En algunas plantaciones, agregó, los cuidadores se encuentran armados y se han registrado enfrentamientos durante los operativos policiales.
Célula del Cártel Jalisco Nueva Generación
El fiscal recordó una operación realizada en enero de 2025 que permitió detectar una célula presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según los antecedentes de la investigación, la organización ingresó metanfetamina en una fase intermedia de elaboración, oculta en recipientes de pintura, con el propósito de instalar un laboratorio en Chile.
La primera intención habría sido establecerlo en un galpón industrial de Antofagasta, donde podría confundirse con instalaciones relacionadas con proveedores de la minería. Por razones logísticas, la operación se trasladó finalmente a una parcela en Lolol, Región de O’Higgins.
En el procedimiento se incautaron 843 kilos de metanfetamina y fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos que, de acuerdo con la Fiscalía, pertenecerían a esa organización criminal.
Castro Bekios sostuvo que las bandas internacionales están buscando nuevas rutas debido a la presión antinarcóticos ejercida sobre los corredores tradicionales del Caribe y el hemisferio norte. En ese escenario, los puertos del Pacífico Sur adquieren mayor importancia para llegar a Oceanía y Asia.
Fiscal pide mayor tecnología en puertos
El persecutor también cuestionó la capacidad de fiscalización existente en los puertos del norte del país. Indicó que solo se inspecciona aproximadamente el 3% de la carga transportada, proporción que calificó como insuficiente para una zona fronteriza con países productores de drogas.
Por ello, planteó aumentar la inversión en escáneres, equipos tecnológicos y funcionarios de Aduanas, la Armada y la Policía Marítima.
Castro Bekios señaló que las recaladas de embarcaciones en Antofagasta se aproximan a las registradas en San Antonio, pero las capacidades humanas y tecnológicas disponibles son considerablemente inferiores.
“Seguir el dinero no es una metáfora”
El fiscal estimó que las drogas incautadas desde que asumió la dirección regional alcanzan una valorización cercana a US$800 millones.
Según explicó, esa cantidad permite dimensionar los recursos que las organizaciones pueden destinar al pago de sobornos, protección y lavado de activos.
“Cuando todo el mundo habla de seguir el dinero, no estamos hablando de una metáfora, estamos hablando de algo súper concreto, porque es la ruta más corta hacia quien protege al narco”, expresó.
Castro Bekios afirmó que Antofagasta se convirtió en la línea de defensa más activa del Pacífico Sur, concentrando más de la mitad de la droga incautada en Chile.
No obstante, advirtió que decomisar cargamentos no es suficiente para derrotar al crimen organizado. El objetivo, sostuvo, debe ser cerrar las rutas de lavado de activos, golpear las finanzas de las bandas y cortar los vínculos de corrupción que les permiten continuar operando.
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