— Por Diego Cabanillas
La eventual adhesión de Chile a la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), impulsada por Estados Unidos, mantiene abiertas interrogantes sobre el alcance de los compromisos que podría asumir el país, particularmente en materia de defensa y participación militar.
En ese contexto, la experta en crimen organizado Pilar Lizana advirtió que el Gobierno debe establecer con claridad los límites de una eventual participación de las Fuerzas Armadas chilenas en operaciones internacionales contra estas organizaciones, antes de adoptar una decisión definitiva.
A juicio de la especialista, la iniciativa no debe analizarse únicamente como un mecanismo de cooperación contra el crimen organizado, sino también como una instancia con un importante componente político, impulsada por los intereses estratégicos de Washington.
“Esta coalición es una coalición más bien de carácter político, versus otras cooperaciones que pueden ser policiales o de ministerios públicos”, sostuvo Lizana, quien planteó que los objetivos de Estados Unidos deben compatibilizarse con los intereses nacionales y las restricciones que enfrenta Chile.
Los límites de una eventual participación militar
Uno de los principales puntos de atención para la experta es el papel que podrían desempeñar las Fuerzas Armadas en el marco de la coalición. Según explicó, aunque los militares chilenos están facultados para realizar determinadas labores de seguridad pública bajo condiciones específicas, su eventual participación en operaciones internacionales requiere considerar límites legales y operativos.
“Quizás la única alerta que habría que tener y que revisar muy bien serían las intervenciones militares. ¿Hasta dónde Chile puede participar en intervenciones militares? ¿Se realizarán intervenciones militares en Chile a propósito de perseguir el crimen organizado?”, planteó.
En esa línea, Lizana sostuvo que las condiciones de participación deben quedar establecidas desde el comienzo, incluyendo las actividades en las que Chile podría involucrarse y aquellas en las que no tendría facultades para intervenir.
La especialista también llamó a considerar las eventuales implicancias de la iniciativa para la soberanía nacional y la relación estratégica con Estados Unidos, país al que identificó como uno de los socios políticos relevantes de Chile.
Las dudas que mantiene el Gobierno
Las observaciones de Lizana se suman a las interrogantes que ha planteado el Ejecutivo sobre los alcances de la iniciativa. El biministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, ha señalado que el Gobierno busca certezas respecto de los compromisos que podrían adquirir las Fuerzas Armadas chilenas y de la posibilidad de un eventual despliegue de militares estadounidenses en territorio nacional.
En ese marco, La Moneda resolvió mantener a Chile como observador de la Coalición contra los Cárteles, sin incorporarse formalmente por ahora a su componente operativo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, viajó a la reunión en República Dominicana para transmitir la posición provisional del país y recabar antecedentes para el Ejecutivo.
La discusión también exige distinguir entre la A3C y el denominado Escudo de las Américas. Mientras este último funciona como un marco de coordinación política y cooperación entre gobiernos, la Coalición contra los Cárteles contempla una dimensión operativa y militar que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación.
Pese a sus reparos, Lizana destacó que una mayor coordinación regional podría facilitar el intercambio de información de inteligencia y fortalecer la confianza entre los países participantes, uno de los obstáculos que, a su juicio, enfrenta la cooperación contra el crimen organizado en América Latina.
Por ello, planteó que la decisión debe considerar tanto los beneficios de una colaboración más estrecha como las condiciones bajo las cuales Chile estaría dispuesto a participar, con especial atención a los límites de una eventual intervención militar.
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