El Senado de Francia aprobó este miércoles 28 de octubre un proyecto de ley que endurece las consecuencias económicas para quienes participen en disturbios, saqueos y actos de vandalismo durante manifestaciones públicas, estableciendo responsabilidades financieras de hasta US$11.600 por persona, aproximadamente.
La iniciativa, conocida como ley de los saqueadores-pagadores, recibió 229 votos favorables y 105 en contra, con el respaldo de sectores conservadores y centristas, además de la Agrupación Nacional, mientras que las formaciones de izquierda rechazaron sus principales disposiciones.
El texto busca establecer un mecanismo de responsabilidad civil solidaria que permita exigir compensaciones económicas no solamente a quienes destruyan bienes públicos o privados, sino también a personas que hayan participado conscientemente en grupos organizados para cometer actos violentos.
La medida representa un endurecimiento de la respuesta del Estado francés frente a los episodios de violencia urbana que han acompañado las recientes movilizaciones sociales.
Responsabilidad colectiva y embargo de ayudas sociales
Uno de los aspectos más controvertidos de la legislación es la posibilidad de exigir responsabilidades económicas a integrantes de grupos involucrados en disturbios, aunque no hayan ejecutado personalmente los daños.
Para aplicar estas disposiciones deberá acreditarse una conducta vinculada con la participación consciente en agrupaciones violentas o la permanencia voluntaria en concentraciones donde se estén produciendo destrozos, bajo las condiciones establecidas en el proyecto.
La iniciativa también contempla mecanismos para facilitar el cobro de indemnizaciones, incluida la posibilidad de embargar determinadas prestaciones sociales, como ayudas familiares, subsidios de vivienda y otras asignaciones, con límites destinados a preservar recursos mínimos de subsistencia.
Estas disposiciones han generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y parlamentarios opositores, que consideran que podrían afectar a familias vulnerables y abrir la puerta a sanciones económicas desproporcionadas.
Sus detractores sostienen que la legislación podría terminar perjudicando a manifestantes pacíficos que se encuentren cerca de episodios violentos, incluso cuando no hayan participado directamente en ellos.
Más de 2.500 comercios afectados
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la aprobación del proyecto y destacó la necesidad de responder a los graves disturbios registrados el pasado 17 de octubre.
De acuerdo con las cifras entregadas por las autoridades y las organizaciones comerciales, más de 2.500 establecimientos resultaron afectados por saqueos, destrozos y otros episodios de violencia durante las movilizaciones.
Nuñez calificó la iniciativa como una respuesta de sentido común frente a la magnitud de los daños y sostuvo que quienes participan en acciones violentas deben asumir sus consecuencias económicas.
El Gobierno también busca evitar que los costos de reparación recaigan exclusivamente sobre los contribuyentes, las administraciones locales y los propietarios de los establecimientos perjudicados.
El proyecto original, que contemplaba cinco artículos, fue ampliado considerablemente durante su tramitación en el Senado, incorporando nuevas disposiciones destinadas a reforzar las herramientas de reparación e indemnización.
Protestas por el costo de la vida y la educación
La aprobación de la iniciativa se produce en medio de una creciente tensión social en Francia, donde miles de personas han participado durante octubre en manifestaciones contra el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las condiciones del sistema educativo.
Las protestas del 17 de octubre derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios, destrucción de mobiliario urbano y saqueos en distintas ciudades.
Una semana después, el 24 de octubre, las autoridades desplegaron alrededor de 70.000 efectivos policiales para prevenir nuevos episodios violentos, unos 10.000 más que durante la jornada anterior.
El operativo incluyó unidades especiales, vehículos blindados, helicópteros, drones y equipos antidisturbios, en medio de restricciones a determinadas concentraciones.
Las movilizaciones también han reactivado referencias al movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó una prolongada ola de protestas sociales desde 2018.
Una legislación nacida tras los disturbios del fútbol
Aunque las recientes protestas aceleraron su discusión, el proyecto comenzó a elaborarse después de los disturbios registrados en mayo, tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en la final de la Liga de Campeones.
Aquellos incidentes pusieron nuevamente en discusión la capacidad de las autoridades para identificar a los responsables de daños colectivos y recuperar los recursos destinados a indemnizar a las víctimas.
La propuesta fue presentada formalmente al Senado el 16 de septiembre y tramitada mediante un procedimiento legislativo acelerado.
Sus defensores argumentan que la legislación permitirá mejorar la reparación de los perjuicios sufridos por comerciantes, particulares y administraciones públicas.
En cambio, sus críticos cuestionan la extensión de la responsabilidad económica a personas que no hayan cometido materialmente los destrozos y advierten sobre posibles conflictos con las garantías constitucionales y la libertad de manifestación.
La Asamblea Nacional tendrá la última palabra
Pese a su aprobación en el Senado, la iniciativa todavía no es una ley vigente y deberá continuar su tramitación en la Asamblea Nacional, donde el Gobierno enfrenta un escenario político fragmentado.
El debate estará marcado por las diferencias entre quienes consideran necesario reforzar las herramientas para combatir la violencia urbana y quienes advierten que las nuevas disposiciones podrían afectar derechos fundamentales.
La discusión se desarrolla, además, en un contexto de persistentes movilizaciones sociales y crecientes exigencias ciudadanas de respuestas frente al costo de la vida y las condiciones de los servicios públicos.
El resultado de la tramitación determinará si Francia incorpora un nuevo régimen de responsabilidad civil solidaria para recuperar los costos de los daños ocasionados durante disturbios y manifestaciones.
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