
El Gobierno de Bolivia advirtió este miércoles que el país podría enfrentar un déficit de gas natural a partir de 2029, cuando la producción nacional se igualaría con la demanda interna, una situación que obligaría a importar el combustible para garantizar el abastecimiento.
La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, explicó que las proyecciones oficiales muestran un deterioro sostenido de la capacidad productiva del país, como consecuencia del agotamiento de los yacimientos y de la insuficiente inversión en exploración durante las últimas dos décadas.
«De acuerdo a los pronósticos que tenemos y en función a todo lo que se ha venido haciendo desde hace 20 años, estamos tomando las previsiones a través del decreto supremo 5755», señaló la autoridad.
Genuzio precisó que, de mantenerse la tendencia actual, Bolivia tendría que comenzar a importar gas natural en 2029, un escenario que marcaría un cambio histórico para un país que durante décadas fue uno de los principales exportadores de este recurso en Sudamérica.
Reservas en mínimos históricos
La advertencia se produce en medio de una fuerte disminución de las reservas bolivianas de hidrocarburos, que en marzo de 2026 se situaron en aproximadamente 3,7 billones de pies cúbicos, según las cifras oficiales citadas por el Ejecutivo.
La reducción de las reservas refleja el progresivo agotamiento de los campos tradicionales y las dificultades para incorporar nuevos yacimientos capaces de compensar la caída de la producción.
La viceministra cuestionó la falta de inversiones exploratorias de administraciones anteriores y recordó que el desarrollo de nuevos proyectos gasíferos puede requerir alrededor de siete años antes de generar resultados comerciales.
Esta situación plantea un desafío inmediato para la política energética boliviana, considerando que el país dispone de un margen cada vez más estrecho para revertir la disminución de su producción.
Gobierno abre la puerta a las importaciones
Ante este escenario, el Ejecutivo autorizó mediante el Decreto Supremo 5755 la importación excepcional de gas natural y gas natural licuado por parte de empresas públicas y privadas.
La medida contempla el abastecimiento para consumo propio y generación eléctrica, con el propósito de anticiparse a eventuales dificultades de suministro.
La decisión representa un cambio relevante en la estrategia energética boliviana, históricamente orientada a la exportación de gas natural hacia mercados vecinos, especialmente Brasil y Argentina.
Bolivia fue durante años un proveedor estratégico para ambos países, pero el descenso de su producción ha reducido progresivamente su capacidad exportadora y los ingresos asociados a esta actividad.
Argentina, que durante décadas dependió parcialmente del gas boliviano, modificó su matriz de abastecimiento con el desarrollo de Vaca Muerta y la ampliación de su infraestructura de transporte.
Brasil, por su parte, ha diversificado sus fuentes de suministro mediante producción propia, importaciones de gas natural licuado y nuevos acuerdos comerciales.
Dependencia de combustibles importados
La crisis del gas se suma a la elevada dependencia boliviana de las importaciones de combustibles líquidos.
De acuerdo con las cifras expuestas por el Gobierno, actualmente Bolivia importa aproximadamente el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que consume, debido a las limitaciones de su capacidad productiva y de refinación.
Esta dependencia aumenta la vulnerabilidad de la economía frente a las fluctuaciones internacionales del petróleo y genera mayores necesidades de divisas para financiar las compras externas.
Además, el sistema de subsidios a los combustibles ha representado históricamente una presión importante sobre las finanzas públicas, particularmente en períodos de elevados precios internacionales de la energía.
El deterioro de la producción de hidrocarburos también tiene consecuencias fiscales, debido a la reducción de los ingresos por exportaciones, regalías e impuestos vinculados al sector.
Un desafío para la economía boliviana
La posibilidad de que Bolivia pase de exportador a importador neto de gas natural representa uno de los mayores desafíos estructurales de su economía.
Durante buena parte de las últimas dos décadas, los ingresos gasíferos contribuyeron al financiamiento del gasto público, la inversión estatal y las transferencias hacia gobiernos regionales.
Sin embargo, la declinación de los yacimientos tradicionales y la pérdida de mercados de exportación han debilitado progresivamente ese modelo.
El escenario previsto para 2029 no significa necesariamente que Bolivia agotará todas sus reservas de gas, sino que su producción podría resultar insuficiente para cubrir el consumo nacional.
La evolución de la crisis dependerá de la incorporación de nuevas reservas, el éxito de los proyectos exploratorios, las inversiones en infraestructura y las medidas destinadas a garantizar el abastecimiento energético.
De no revertirse la tendencia, Bolivia podría verse obligada a destinar una proporción creciente de sus recursos a importar gas, además de gasolina y diésel, profundizando las presiones sobre su balanza comercial y sus finanzas públicas.
Gobierno busca retrasar el déficit energético
La viceministra Genuzio agregó que el Ejecutivo trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos y en la incorporación de energías renovables para reducir la dependencia del gas en la generación eléctrica.
También advirtió que, si se cumplen las proyecciones actuales, Bolivia podría dejar de exportar gas a Brasil en 2029 para priorizar su consumo interno.
A ello se suma una diferencia significativa entre los precios internos y el eventual costo de las importaciones. Las estimaciones sectoriales sitúan el gas importado entre 10 y 12 dólares por unidad energética, un valor considerablemente superior al que actualmente pagan determinados consumidores bolivianos.
La información oficial más reciente sobre reservas, presentada en marzo de 2026, sitúa el volumen probado remanente en 3,7 billones de pies cúbicos, descontado el consumo hasta diciembre de 2025. Esta cifra corresponde a una estimación basada en la última certificación disponible, no a una nueva certificación concluida en marzo.
El Gobierno busca evitar que la caída de la producción se transforme en una crisis de abastecimiento, aunque reconoce que el tiempo disponible para incorporar nuevos yacimientos es limitado.
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