La Corte Suprema de Justicia de Colombia admitió para su estudio una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro, ambos vinculados al Pacto Histórico, por presuntas irregularidades en la entrega de contratos públicos a mujeres a cambio de favores sexuales.
El caso quedó asignado al magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala Especial de Instrucción, quien deberá examinar los antecedentes y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.
La admisión de la denuncia, conocida el martes 27 de octubre, no implica que los hechos hayan sido acreditados ni supone una declaración de responsabilidad penal de los involucrados.
Denunciante habla de hasta 40 mujeres
La controversia comenzó después de que Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que trabajó como contratista estatal, denunciara la existencia de una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos y puestos de trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales con funcionarios públicos.
Jiménez aseguró que conoció a Petro en 2019, cuando este ejercía como senador, y sostuvo que posteriormente obtuvo contratos en distintas dependencias estatales.
Entre los antecedentes examinados figura su vinculación con la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro, donde habría recibido un contrato por 34 millones de pesos colombianos para desempeñar labores relacionadas con la primera vicepresidencia del Senado.
La denunciante sostiene que su incorporación habría sido facilitada por Petro. Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser contrastadas con documentación contractual, testimonios y otros antecedentes judiciales.
Hasta ahora no se ha establecido judicialmente que los contratos denunciados constituyeran una contraprestación por servicios sexuales.
Corte cita a declarar a denunciante
En una nueva actuación conocida este miércoles 28 de octubre, la Corte Suprema citó a Deicy Jiménez para declarar como testigo el jueves 29 de octubre.
La diligencia permitirá profundizar en los antecedentes relacionados con las contrataciones y establecer qué elementos pueden ser incorporados al expediente.
El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, explicó que las denuncias correspondientes al periodo en que Petro fue congresista deben ser examinadas por la Sala Especial de Instrucción.
El magistrado encargado deberá determinar si corresponde solicitar nuevas declaraciones, ampliar las diligencias o avanzar hacia una investigación formal.
Fiscalía también investiga 48 contrataciones
El caso tiene otra arista relacionada con las contrataciones efectuadas durante el Gobierno de Petro, entre agosto de 2022 y agosto de 2026.
La Fiscalía General de Colombia abrió el 23 de octubre una indagación sobre posibles irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otras instituciones públicas.
Los antecedentes incluyen denuncias sobre 48 mujeres que habrían sido vinculadas mediante contratos estatales en circunstancias cuestionadas.
Esta cifra corresponde a una línea de investigación distinta de la denuncia de Jiménez sobre entre 30 y 40 mujeres, por lo que no deben sumarse ambas cantidades ni considerarse casos acreditados.
Las actuaciones también buscan establecer las responsabilidades administrativas y eventuales irregularidades ocurridas durante el funcionamiento de estas dependencias.
Petro niega acusaciones y denuncia persecución
El expresidente Gustavo Petro rechazó categóricamente haber utilizado contratos públicos para obtener relaciones sexuales y sostuvo que las acusaciones forman parte de una ofensiva política destinada a perjudicar su imagen.
«Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales», afirmó.
Petro también aseguró que nunca ha obligado a una mujer a mantener una relación y defendió la libertad como principio fundamental de su vida personal.
El exmandatario cuestionó además lo que considera una intromisión en su intimidad y vinculó la controversia con sectores políticos contrarios a su administración.
En particular, mencionó al actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en el contexto de sus acusaciones sobre una supuesta campaña para desacreditarlo.
Pizarro también rechaza los señalamientos
María José Pizarro, quien fue una de las principales figuras parlamentarias del oficialismo durante el Gobierno de Petro, negó cualquier participación en una supuesta entrega irregular de contratos.
La exsenadora defendió su trayectoria política y recordó que la protección de los derechos de las mujeres ha sido uno de los ejes centrales de su actividad pública.
Asimismo, rechazó que se pretenda establecer su responsabilidad a partir de acusaciones que todavía no han sido acreditadas judicialmente.
Un nuevo frente judicial para el expresidente
La controversia se produce menos de tres meses después de que Petro dejara la Presidencia de Colombia, cargo que ejerció desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 7 de agosto de 2026.
El exmandatario, primer presidente de izquierda de la historia reciente del país, enfrenta ahora cuestionamientos relacionados con su etapa como senador y con el funcionamiento de distintas instituciones durante su administración.
La investigación deberá esclarecer si existieron irregularidades en la contratación pública, eventuales abusos de poder o conductas que puedan constituir delitos.
Por ahora, el procedimiento se encuentra en una fase preliminar y no existe una resolución judicial que establezca la veracidad de las acusaciones contra Petro o Pizarro.
La declaración de Deicy Jiménez, prevista para este jueves, será una de las próximas diligencias relevantes para determinar el curso del caso.
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