La Contraloría General de la República objetó modificaciones impulsadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones al reglamento de la denominada “Ley Uber”, advirtiendo que varias de las medidas carecen de fundamentos técnicos, jurídicos y económicos suficientes.
A través de un oficio dirigido al ministro Louis de Grange, la contralora Dorothy Pérez respondió que no dieron “curso al documento del epígrafe, que modifica el decreto supremo N° 212”.
Según el pronunciamiento del ente fiscalizador, la decisión se explica, porque “el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi (…) sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.
Entre las observaciones, Contraloría señala que no se presentaron antecedentes que justifiquen medidas como la flexibilización de requisitos de antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para la inscripción o condiciones de cilindrada. Asimismo, advirtió que dichas modificaciones no fueron sometidas a consulta pública, lo que debilita su sustento.
El organismo también alertó que los cambios implican una rebaja en los estándares de calidad del servicio, lo que podría afectar directamente la seguridad de los usuarios. En esa línea, subrayó que toda decisión de esta naturaleza debe estar respaldada por razones técnicas, fácticas y jurídicas debidamente acreditadas.
En su análisis, Contraloría recordó que, conforme a la ley N° 19.880, los actos administrativos deben estar debidamente motivados y basarse en fundamentos racionales, evitando decisiones arbitrarias o que puedan constituir una desviación de poder.
Finalmente, el ente contralor se refirió a la obligación del Ministerio de establecer un plazo para que los servicios de transporte —incluidos taxis básicos, ejecutivos y de turismo— informen su adscripción a plataformas digitales, señalando que este aspecto debe quedar claramente definido en la normativa.
Lo que buscaba el gobierno con el nuevo reglamento era reducir las barreras de entrada, flexibilizar la operación y evitar efectos negativos en el empleo, estableciendo menos obstáculos para los nuevos conductores, aumentando los años de antigüedad permitido para los vehículos, eliminando requisitos relacionados con la cilindrada y potencia del motor, y facilitando el reemplazo de conductores registrados.
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