La Contraloría General de la República (CGR) emitió su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), en el que identificó deficiencias significativas en el uso de recursos públicos destinados al bienestar animal, incluyendo falta de ejecución de fondos, incumplimientos municipales y fallas en los sistemas de registro.
El informe revela que, entre 2017 y marzo de 2026, las municipalidades han recibido más de $33.647 millones a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC). Sin embargo, se detectó que 61 municipios no realizaron jornadas de rescate ni control poblacional, pese a haber recibido cerca de $5 mil millones desde 2022 para esos fines.
A ello se suma que 162 municipalidades no respondieron a los requerimientos de información de la Contraloría respecto del uso de más de $16 mil millones transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), lo que dificulta la trazabilidad de los recursos.
El diagnóstico también da cuenta de brechas estructurales en la gestión local: 25 municipios no cuentan con ordenanza de tenencia responsable; 178 no disponen de lector de microchip o no informaron sobre su existencia; y 31 mantienen o financian caniles que no están inscritos en el registro oficial correspondiente.
En paralelo, el reporte detectó inconsistencias en los registros nacionales de mascotas y de animales potencialmente peligrosos, particularmente en la identificación de los responsables. En este último caso, se evidenció que solo 748 personas han realizado el curso obligatorio, de un total de 39.987 registradas.
Frente a estos hallazgos, la CGR calificó la situación como una alerta de riesgo relevante y anunció que fiscalizará a la Subdere por su rol en la transferencia de recursos. Asimismo, instruyó a las municipalidades que no cuentan con ordenanza a dictarla en un plazo de 90 días hábiles.
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