La Unión Europea expresó este miércoles su respaldo al Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra la presidenta del organismo, Tomoko Akane, y otro de sus funcionarios por su participación en investigaciones vinculadas con Israel y la ofensiva militar en la Franja de Gaza.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestaron su apoyo «firme» al tribunal con sede en La Haya y defendieron la necesidad de garantizar que sus jueces y funcionarios puedan desempeñar sus tareas sin interferencias.
«La presidenta Von der Leyen y yo estamos firmemente al lado del Tribunal Penal Internacional, de su presidenta, Tomoko Akane, y de los funcionarios que defienden su misión», señaló Costa.
Los dirigentes europeos destacaron además la función que cumple el organismo en la persecución de algunos de los delitos internacionales más graves.
«El TPI ayuda a hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo», afirmaron, agregando que para cumplir esa tarea «sus jueces y funcionarios deben poder actuar con independencia y sin presiones externas».
Washington eleva la presión sobre La Haya
La declaración europea se produce después de que el Gobierno estadounidense incluyera a Akane y al abogado senegalés Abdoulaye Seye en su régimen de sanciones por su participación en actuaciones del TPI relacionadas con investigaciones contra autoridades de países que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la decisión señalando que ambos participaron directamente en iniciativas destinadas a «investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios» pertenecientes a Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma, tratado constitutivo del TPI.
Según Washington, permitir este tipo de actuaciones contra ciudadanos de países que no forman parte del tribunal establece «un peligroso precedente para todas las naciones».
La medida profundiza las diferencias entre Estados Unidos y varios de sus aliados europeos respecto del alcance de la jurisdicción del TPI. Mientras Washington no es parte del Estatuto de Roma y rechaza que el tribunal pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses o de otros países no adherentes en determinadas circunstancias, los Estados de la Unión Europea se encuentran entre los principales defensores políticos e institucionales de la corte.
Las órdenes contra Netanyahu y Gallant
El conflicto adquirió una dimensión especialmente sensible a raíz de la guerra en Gaza. En noviembre de 2024, el TPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant.
El tribunal sostuvo que existían motivos razonables para considerar que ambos podían tener responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la ofensiva israelí sobre Gaza.
Las órdenes provocaron un fuerte rechazo del Gobierno israelí y de Estados Unidos. Israel tampoco es miembro del TPI y cuestiona la jurisdicción de la corte sobre sus autoridades.
El procedimiento abrió además un complejo debate entre los países europeos, que como miembros del Estatuto de Roma tienen obligaciones de cooperación con el tribunal, incluida la ejecución de órdenes de detención en las condiciones establecidas por el tratado.
Un nuevo capítulo de tensión por Gaza
Las sanciones contra Akane se suman a la creciente confrontación entre Washington y el Tribunal Penal Internacional por las investigaciones relacionadas con el conflicto en Medio Oriente.
Estados Unidos ha respaldado a Israel frente a las actuaciones del TPI y sostiene que el organismo no debería procesar a autoridades de Estados que no reconocen su jurisdicción. Desde La Haya, en cambio, se ha defendido la independencia judicial del tribunal y su facultad para investigar presuntos crímenes cometidos en territorios donde considera que posee competencia.
La controversia también refleja las diferencias que han surgido entre Estados Unidos y algunos de sus socios europeos respecto de la respuesta internacional a la guerra de Gaza y de los mecanismos jurídicos utilizados para investigar eventuales violaciones al Derecho Internacional.
El respaldo de Costa y Von der Leyen eleva ahora la disputa a nivel institucional entre Washington y la Unión Europea, al situar la independencia del TPI como un principio que Bruselas considera necesario preservar frente a las sanciones estadounidenses.
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