Un nuevo caso de presunta corrupción política sacude a Ucrania y alcanza esta vez directamente a la Oficina Presidencial de Volodimir Zelenski, en momentos en que Kiev intenta demostrar a sus socios internacionales avances efectivos en la lucha contra el desvío de recursos públicos y el tráfico de influencias.
Las autoridades anticorrupción ucranianas desplegaron este miércoles una operación destinada a desmantelar una presunta organización criminal integrada por actuales y antiguos diputados, altos funcionarios de la Oficina del Presidente y otras personas vinculadas a organismos públicos y privados.
La investigación contempla sospechas de organización criminal, lavado de activos y desvío de dinero, además de conexiones con la denominada operación “Midas”, uno de los casos de corrupción de mayor repercusión política en Ucrania durante los últimos meses.
La nueva investigación, bautizada como operación “Forrest Gump”, incluyó registros en dependencias vinculadas a Irina Mudra, hasta ahora jefa adjunta de la Oficina Presidencial. Tras conocerse las diligencias, la funcionaria fue destituida de su cargo.
Entre los parlamentarios mencionados en relación con las pesquisas figura Vadim Stolar, empresario del sector inmobiliario e integrante del grupo parlamentario Restauración de Ucrania, conformado en parte por antiguos miembros de Plataforma por la Vida, partido posteriormente proscrito.
Las diligencias también alcanzarían a funcionarios del Ministerio de Justicia y representantes del sector bancario, ampliando el radio político y económico de una investigación que amenaza con convertirse en un nuevo problema para la administración de Zelenski.
Una trama conectada con el caso “Midas”
Uno de los principales antecedentes de la investigación es su presunta relación con la operación “Midas”. Los investigadores sospechan que parte de la estructura habría sido utilizada para blanquear dinero y financiar los 150 millones de grivnas de fianza impuestos al exministro de Energía Herman Halushchenko.
Ese monto equivale a aproximadamente US$3,3 millones, tomando como referencia la equivalencia consignada en los antecedentes del caso. La operación habría utilizado el banco estatal Sense Bank y distintas empresas pantalla para movilizar los recursos.
En el centro de la trama aparece Timur Mindich, empresario prófugo y copropietario de Kvartal 95, la productora fundada por Zelenski durante su carrera como actor y humorista, antes de ingresar a la política y alcanzar la Presidencia en 2019.
Mindich ha sido señalado como supuesto responsable de una estructura que habría exigido sobornos a contratistas relacionados con Energoatom, la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares de Ucrania.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el esquema habría movilizado sobornos por alrededor de US$105 millones, utilizando como escenario contratos destinados, entre otros objetivos, a proteger y reforzar instalaciones energéticas estratégicas en momentos en que la infraestructura ucraniana permanece sometida a ataques rusos.
La gravedad del caso aumenta debido a que el sistema energético es uno de los sectores considerados críticos para la supervivencia económica y militar de Ucrania durante la guerra.
Investigaciones alcanzan al círculo presidencial
El escándalo se suma a otras investigaciones que durante 2026 han alcanzado a figuras estrechamente vinculadas con Zelenski.
Entre ellas figura Andri Yermak, quien fue uno de los colaboradores más influyentes del mandatario y encabezó su Oficina Presidencial. Yermak estuvo cuatro días en prisión durante mayo antes de recuperar su libertad mediante el pago de una fianza de 140 millones de grivnas, equivalente a aproximadamente US$3,2 millones.
Su detención se produjo en el marco de la operación “Dinastía”, considerada una derivación del caso “Midas”. Las sospechas apuntaban a la existencia de una organización dedicada al blanqueo de recursos procedentes de sobornos en el sector energético.
Los investigadores estimaron que hasta US$10,4 millones podrían haber sido canalizados mediante inversiones y construcción de viviendas de lujo en las afueras de Kiev.
Estos antecedentes se agregan a anteriores episodios de corrupción que afectaron especialmente al Ministerio de Defensa ucraniano. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Kiev ha debido enfrentar denuncias relacionadas con compras militares, contratos de abastecimiento y adquisiciones públicas.
Los casos provocaron destituciones y cambios en distintas reparticiones estatales, mientras Zelenski reforzó públicamente su compromiso de combatir las irregularidades.
La corrupción, un desafío estratégico para Kiev
La sucesión de investigaciones tiene consecuencias que trascienden la política interna. Ucrania depende de la asistencia financiera y militar de Estados Unidos y de países europeos para sostener su esfuerzo bélico, por lo que la transparencia en el uso de esos recursos constituye un asunto particularmente sensible entre sus aliados.
Además, la lucha contra la corrupción forma parte de las reformas exigidas a Kiev dentro de su proceso de aproximación e integración con la Unión Europea.
El nuevo caso aparece así en un momento especialmente delicado para Zelenski. La eventual participación de altos funcionarios de su propia oficina y las conexiones de algunos investigados con personas procedentes de su antiguo entorno empresarial elevan el costo político del escándalo.
La destitución de Irina Mudra representa, por ahora, la consecuencia institucional más inmediata de la operación “Forrest Gump”. Sin embargo, la amplitud de los registros y su conexión con las operaciones “Midas” y “Dinastía” anticipan que las investigaciones podrían seguir extendiéndose hacia otras figuras del poder político y económico ucraniano.
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