
El expresidente de Perú Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016, salió de la prisión de Barbadillo, en Lima, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 15 años de cárcel que recibió por lavado de dinero vinculado al financiamiento irregular de sus campañas electorales.
Humala abandonó el recinto penitenciario durante la noche del viernes, pocas horas después de conocerse la resolución que acogió el recurso de habeas corpus presentado por su defensa.
“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y por los sicarios del sistema de justicia que estaban regularizando una situación ilegal”, afirmó el exmandatario a su salida de prisión.
El expresidente también se refirió a la situación de su esposa, Nadine Heredia, quien fue condenada en el mismo proceso.
“Jamás hemos cometido delito alguno. Nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil”, sostuvo Humala, quien calificó la sentencia como una persecución ideológica contra él y su familia por las decisiones adoptadas durante su gobierno.
Heredia solicitó refugio en la Embajada de Brasil en Lima tras conocerse las condenas en abril de 2025. Posteriormente recibió un salvoconducto y viajó junto a uno de sus hijos a Brasilia.
Humala aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional demuestra que el asilo político concedido a su esposa fue correcto.
“Me quitaron mi libertad de manera ilegal. El Estado nos debe una disculpa. Espero que la Justicia reflexione y permita que mi esposa regrese”, declaró.
El exmandatario también criticó al equipo especial de fiscales encargado del caso, al que acusó de usurpar funciones de otras instituciones y de criminalizar aportes de campaña que, en la época de los hechos, no estaban tipificados expresamente como lavado de dinero.
Humala y Heredia habían sido condenados a mediados de abril de 2025 por el presunto financiamiento irregular de las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Según la acusación, la campaña de 2006 recibió aportes ilegales del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, mientras que la candidatura de 2011 habría sido financiada con recursos de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en numerosos casos de corrupción en América Latina.
El Tribunal Constitucional acogió el habeas corpus de la defensa de Humala al estimar que durante el proceso pudieron vulnerarse derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, la correcta delimitación del delito y la prohibición de aplicar sanciones penales de manera retroactiva.
En los años en que se desarrollaron las campañas presidenciales investigadas, la legislación peruana no contemplaba expresamente el financiamiento electoral irregular ni la recepción consciente de dinero ilícito como modalidades específicas del delito de lavado de dinero.
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