La campaña del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la anulación de la candidatura de su rival en la segunda vuelta presidencial, Flávio Bolsonaro, por presuntos abusos de poder económico y utilización indebida de las redes sociales.
La ofensiva judicial se produce en la recta final de las elecciones previstas para este domingo 25 de octubre y después de que el equipo de Bolsonaro presentara una acción similar contra Lula, acusando al Gobierno de utilizar información personal de ciudadanos para promover programas sociales durante el período electoral.
De esta manera, los dos candidatos buscan que la justicia electoral intervenga en una disputa que involucra tanto el funcionamiento de las grandes plataformas digitales como el eventual uso político de recursos públicos.
Lula acusa favoritismo de Meta y X
La campaña del mandatario brasileño presentó una Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE), en la que denuncia que los sistemas de recomendación, publicidad e inteligencia artificial de Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— y de la red social X habrían favorecido sistemáticamente a Flávio Bolsonaro.
Según la demanda, las plataformas habrían permitido una distribución desproporcionada de contenidos vinculados al candidato opositor, al tiempo que habrían restringido determinadas herramientas utilizadas por el equipo de Lula.
Entre los antecedentes expuestos figura que, durante la primera semana de la segunda vuelta, el perfil oficial de Bolsonaro obtuvo 2,96 veces más interacciones por publicación que el de Lula, pese a contar con un 17,2% menos de seguidores.
La campaña oficialista también denuncia dificultades para generar contenidos mediante herramientas de inteligencia artificial.
De acuerdo con la presentación judicial, estos sistemas permitían producir imágenes o mensajes asociados a la expresión electoral «Flávio 22», pero rechazaban solicitudes equivalentes relacionadas con «Lula 13».
Asimismo, el equipo del presidente cuestiona la aprobación de anuncios pagados desde Estados Unidos que incorporaban una imagen generada artificialmente del presidente estadounidense, Donald Trump, solicitando el voto para Bolsonaro.
Estas afirmaciones forman parte de la acusación presentada por la campaña de Lula y no constituyen hechos establecidos judicialmente.
Solicitan ocho años de inhabilitación
La acción judicial no se limita a cuestionar el funcionamiento de las plataformas tecnológicas.
El equipo de Lula solicita expresamente que el Tribunal Superior Electoral anule la candidatura de Flávio Bolsonaro y declare su inelegibilidad, junto con la de su candidato a vicepresidente, Alfredo Gaspar de Mendonça, durante los ocho años posteriores a las elecciones de 2026.
Los abogados sostienen que las supuestas irregularidades configurarían dos infracciones previstas en la legislación electoral brasileña: abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social.
La presentación argumenta que los algoritmos y las herramientas digitales influyen directamente en la información que reciben los electores y, por lo tanto, pueden alterar las condiciones de competencia entre candidaturas.
La empresa Meta, por su parte, aseguró previamente haber cumplido las instrucciones del Tribunal Superior Electoral destinadas a corregir las fallas denunciadas por la campaña oficialista.
La controversia también coincide con advertencias del Consejo Asesor de Meta sobre problemas recurrentes en los mecanismos de moderación de contenidos políticos y protección de la integridad electoral.
Bolsonaro denuncia utilización de datos del Estado
La campaña de Flávio Bolsonaro, respaldada por el Partido Liberal, también acudió al Tribunal Superior Electoral para solicitar la anulación de la candidatura de Lula por presunto abuso de poder.
Su denuncia sostiene que el Gobierno habría utilizado bases de datos de organismos públicos para enviar comunicaciones personalizadas a ciudadanos durante el período electoral.
Entre las instituciones mencionadas figuran el portal de servicios digitales Gov.br, el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y la Receita Federal, organismo responsable de la administración tributaria brasileña.
Según la presentación, las comunicaciones habrían promocionado programas gubernamentales relacionados con ayudas familiares, combustibles, electricidad y adquisición de medicamentos.
La oposición sostiene que el acceso a estos registros representa una ventaja electoral indebida, debido a que las demás candidaturas no disponen de información equivalente.
También argumenta que utilizar datos personales recopilados para prestar servicios públicos con fines de comunicación durante una campaña electoral podría vulnerar las normas que regulan su tratamiento.
Contrato contempla millones de notificaciones
Como parte de sus antecedentes, la campaña de Bolsonaro menciona un contrato suscrito en 2021 entre el Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos y el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO).
El acuerdo, vigente hasta diciembre de 2026, contempla una capacidad estimada de 170 millones de notificaciones mensuales mediante diferentes canales digitales.
Su costo previsto para doce meses asciende a 20,4 millones de reales, equivalentes aproximadamente a US$3,9 millones, según una conversión referencial.
La existencia del contrato no demuestra por sí misma que los sistemas hayan sido utilizados de manera irregular. Ese es precisamente uno de los aspectos que deberá determinar la justicia electoral.
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