
La Justicia argentina dictó este viernes 23 de octubre el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en la investigación por el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el mandatario en febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar a la solicitud del fiscal Eduardo Taiano y concluyó que los hechos denunciados no reunían los elementos necesarios para configurar los delitos analizados.
El sobreseimiento también alcanzó a otros involucrados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y el empresario vinculado a Kip Protocol, Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh.
Los fundamentos de la decisión
Uno de los argumentos de la fiscalía fue que el proyecto existió materialmente: el activo digital fue emitido y sus operaciones quedaron registradas mediante tecnología blockchain.
Según ese razonamiento, las pérdidas sufridas por los compradores no bastaban, por sí solas, para demostrar una estafa. El análisis también consideró el carácter altamente especulativo de las llamadas memecoins y la ausencia de garantías de rentabilidad o estabilidad de precio ofrecidas por los investigados.
El magistrado reconoció que la intervención de un presidente podía amplificar la difusión del lanzamiento, pero sostuvo que esa circunstancia no constituía, por sí misma, una maniobra fraudulenta. La resolución tampoco consideró acreditados los restantes delitos investigados, relacionados con el ejercicio de la función pública.
El mensaje presidencial que puso a Libra en el centro de la atención
El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en X un mensaje que presentaba a Libra como una iniciativa privada destinada a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
La difusión presidencial fue seguida por un rápido aumento del interés y del precio del activo. Sin embargo, pocas horas después su cotización se desplomó, dejando a numerosos compradores con pérdidas y abriendo interrogantes sobre la distribución de los tokens y el retiro de fondos.
Milei eliminó posteriormente la publicación y aseguró que desconocía los detalles del proyecto. Su defensa sostuvo que había actuado de buena fe y que dejó de promocionarlo al conocer más antecedentes.
La controversia dio origen a denuncias penales y a una investigación parlamentaria sobre los vínculos entre funcionarios, intermediarios y promotores del criptoactivo.
Sobreseimiento y cuestionamientos políticos
El fallo favorece judicialmente al mandatario y a su entorno, pero provocó críticas de dirigentes opositores sobre la profundidad de la investigación y las diligencias realizadas.
El diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión parlamentaria que investigó el caso, cuestionó que la causa avanzara hacia el sobreseimiento sin declaraciones indagatorias y objetó el tratamiento de las pruebas. Milei, en cambio, celebró la decisión y atribuyó las acusaciones a una operación política y mediática.
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