La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) enfrenta desde este viernes 23 de octubre un nuevo juicio oral por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, en el marco de las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces, que investigan operaciones comerciales vinculadas con el patrimonio de su familia.
El proceso comenzó a las 10:12 horas de Buenos Aires ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, con la participación de la exmandataria y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, mediante conexión virtual.
La investigación busca determinar si empresarios beneficiados durante los gobiernos kirchneristas canalizaron fondos de origen ilícito hacia sociedades de la familia mediante contratos de alquiler de hoteles y propiedades inmobiliarias.
El juicio reúne a 19 imputados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, además de personas vinculadas con la administración de las compañías investigadas.
La acusación estará encabezada por el fiscal Diego Velasco.
Las dos causas, originalmente tramitadas por separado, examinan presuntas operaciones de lavado de activos realizadas mediante empresas vinculadas con la familia Kirchner.
En el expediente Hotesur, la investigación se concentra en la explotación de establecimientos hoteleros ubicados en la provincia de Santa Cruz, particularmente el hotel Alto Calafate, adquirido en 2008 por Néstor Kirchner.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, la compra de la sociedad propietaria del establecimiento involucró aproximadamente US$5 millones. La operación incluyó movimientos bancarios y pagos en efectivo que posteriormente fueron examinados por los investigadores.
La acusación sostiene que empresas del empresario Lázaro Báez, beneficiado con contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, realizaron pagos por servicios hoteleros y alquileres que podrían haber servido para incorporar fondos ilícitos al patrimonio familiar.
Entre 2008 y 2013, las compañías vinculadas con Báez pagaron más de 40 millones de pesos argentinos de la época por operaciones relacionadas con los establecimientos hoteleros.
Por su parte, Los Sauces investiga contratos de alquiler de inmuebles pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner, especialmente operaciones comerciales con empresas relacionadas con Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Según los antecedentes de la causa, estos empresarios realizaron pagos superiores a 19 millones de pesos argentinos de la época, principalmente por el arriendo de departamentos en Puerto Madero, Buenos Aires.
Las defensas sostienen que se trató de operaciones comerciales legítimas, registradas y efectuadas mediante el sistema bancario. La fiscalía, en cambio, deberá demostrar que los contratos fueron utilizados para encubrir el origen ilícito de los fondos.
El nuevo proceso judicial tiene conexiones con la denominada causa Vialidad, en la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Ese expediente investigó irregularidades en la adjudicación de contratos de infraestructura vial en Santa Cruz, particularmente aquellos otorgados a empresas vinculadas con Lázaro Báez.
La diferencia entre ambos procedimientos es fundamental: mientras Vialidad examinó el direccionamiento de contratos públicos, Hotesur y Los Sauces buscan establecer si parte de los beneficios económicos derivados de actividades ilícitas fue posteriormente incorporada al patrimonio familiar mediante negocios aparentemente legales.
La existencia de relaciones comerciales entre las sociedades involucradas está documentada. Sin embargo, su eventual carácter delictivo constituye precisamente uno de los asuntos que deberá resolver el tribunal.
Por ello, la condena dictada en Vialidad no determina automáticamente la responsabilidad penal de los acusados en este nuevo juicio.
Uno de los aspectos relevantes del proceso es la participación de Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
A diferencia de su madre, que ya enfrentó otros procedimientos judiciales, este será su primer juicio oral por los hechos investigados en ambos expedientes.
El proceso también comprende a empresarios y administradores de sociedades vinculadas con los negocios familiares.
La situación judicial de Florencia Kirchner, hija de la expresidenta, también ha estado relacionada con controversias patrimoniales derivadas de estas investigaciones.
De hecho, el 22 de octubre, un día antes del inicio del juicio, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría un recurso presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra embargos preventivos que afectan a 13 inmuebles vinculados con Hotesur y Los Sauces, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena por Vialidad.
El inicio del debate fue precedido por una controversia judicial respecto de la conveniencia de tramitar conjuntamente ambos expedientes.
Inicialmente, el Tribunal Oral Federal N.º 5 había dispuesto que Los Sauces comenzara el 23 de octubre de 2026, mientras que Hotesur quedaría postergado hasta el 19 de marzo de 2027.
Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa separación al considerar que las maniobras investigadas estaban relacionadas y que debían analizarse dentro de un mismo procedimiento.
La Cámara Federal de Casación Penal terminó disponiendo la realización conjunta de ambos juicios, lo que permitió iniciar este viernes un debate unificado.
Para la primera audiencia, el tribunal autorizó excepcionalmente la participación virtual de los acusados, aunque estableció que deberán comparecer presencialmente cuando corresponda prestar declaración indagatoria.
El proceso contempla inicialmente tres audiencias semanales y podría extenderse durante varios meses debido al volumen de documentación y a la cantidad de personas involucradas.
El juicio comienza en un escenario de persistente confrontación política y judicial en Argentina, donde las investigaciones contra Cristina Fernández de Kirchner continúan generando posiciones contrapuestas.
La expresidenta y sus defensores han cuestionado reiteradamente los procesos judiciales en su contra, mientras que los investigadores sostienen que existen elementos suficientes para someter las acusaciones a un debate oral.
La resolución de Hotesur y Los Sauces será especialmente relevante porque abordará una cuestión distinta de la ya examinada en Vialidad: si los vínculos comerciales entre la familia Kirchner y determinados empresarios constituyeron mecanismos de lavado de dinero.
Durante las próximas audiencias se presentarán los antecedentes de la acusación, las declaraciones de los imputados y las pruebas documentales y testimoniales.
Por ahora, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y los demás acusados mantienen la presunción de inocencia respecto de los delitos investigados en este nuevo procedimiento, hasta que exista una sentencia judicial que determine sus eventuales responsabilidades penales.
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