Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades para comenzar a cumplir una condena de 28 años de prisión, luego de que la Corte Suprema ratificara la sentencia que lo responsabiliza por delitos de lesa humanidad y por su participación en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.
La información fue confirmada por el propio exmandatario a través de sus redes sociales. “Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, señaló.
Posteriormente, Álvaro Uribe difundió un nuevo mensaje en el que reprodujo las últimas palabras de su hermano antes de entregarse. “Álvaro, le repito lo que le he dicho durante más de 30 años. Jamás ha pasado por mi mente asesinar o mandar a asesinar a alguien”, afirmó Santiago Uribe, según el exgobernante.
Además, el condenado sostuvo que considera injusto el proceso judicial en su contra, señalando que ha vivido más de tres décadas marcado por las acusaciones y que ahora deberá enfrentar una pena de 28 años de cárcel.
La entrega se produjo pocos días después de que la Corte Suprema confirmara una sentencia emitida previamente por el Tribunal Superior de Antioquia. La resolución judicial identificó a Santiago Uribe como uno de los líderes de Los 12 Apóstoles y lo vinculó directamente con el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de autobús.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo paramilitar operó principalmente en el norte del departamento de Antioquia durante la década de 1990. A la organización se le atribuyen cerca de 300 homicidios cometidos en medio del conflicto armado colombiano.
En aquellos años, la presencia de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se expandió en la región, impulsando demandas de redistribución de tierras entre sectores campesinos. Frente a este escenario, grandes propietarios agrícolas y ganaderos promovieron la creación de grupos armados privados para enfrentar a las guerrillas.
Con el tiempo, estas estructuras evolucionaron hacia organizaciones paramilitares que, según diversas investigaciones judiciales y organismos de derechos humanos, actuaron en numerosos casos con apoyo o tolerancia de sectores estatales y de las fuerzas de seguridad.
Las sospechas sobre eventuales nexos entre miembros de la familia Uribe y grupos paramilitares han acompañado durante años la vida política colombiana. El tema volvió a cobrar relevancia tras el proceso de desmovilización impulsado por el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006, mediante negociaciones con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una de las mayores estructuras paramilitares del país.
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