Un grupo transversal de alcaldes manifestó su rechazo a cualquier iniciativa destinada a rebajar la responsabilidad penal adolescente o aplicar la justicia de adultos a menores de edad, en medio del debate instalado en el Senado sobre el tratamiento de los jóvenes que cometen delitos violentos.
A través de una carta publicada en El Mercurio, los jefes comunales sostuvieron que frente a los delitos violentos no basta con aumentar las penas, sino que se requiere que las sanciones se cumplan, sean proporcionales al daño causado, permitan la reinserción de los adolescentes y eviten la reincidencia.
Los alcaldes cuestionaron específicamente las propuestas que apuntan a rebajar la edad de responsabilidad penal o a aplicar la justicia adulta a adolescentes. Según plantearon, el problema no debe abordarse de manera generalizada, sino focalizando los recursos en los jóvenes que concentran una mayor cantidad de delitos.
En ese sentido, citaron antecedentes de la Fiscalía según los cuales el 10% de los adolescentes infractores concentra el 43% de los delitos, mientras que un 67,2% presenta trayectorias de baja intensidad y desistimiento temprano. “Tratar a todos por igual no es firmeza: debilita la intervención donde más se necesita”, señalaron.
Como alternativa, los alcaldes propusieron que en los delitos violentos cuya sanción supere los tres años se aplique un régimen cerrado acompañado de programas efectivos de reinserción. Asimismo, plantearon que la reiteración de delitos de una misma especie tenga una consecuencia efectiva en la pena, con un aumento de hasta un grado, siempre dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente.
El documento también pone el foco en la reinserción, con énfasis en tratamiento de adicciones, continuidad de estudios, salud mental y formación laboral. A juicio de los firmantes, estas herramientas son necesarias para evitar que los adolescentes regresen a sus comunidades sin una intervención adecuada y terminen reincidiendo.
“Los municipios conocemos lo que ocurre antes de que un joven ingrese al sistema y cuando regresa a su comunidad. No necesitamos nuevas instituciones, sino coordinarlas”, afirmaron los alcaldes, quienes defendieron una política que combine sanción y reinserción de acuerdo con el nivel de riesgo de cada adolescente.
“La verdadera firmeza es intervenir con mayor intensidad donde existe mayor riesgo: sancionar y reinsertar para que el delito no se repita”, cierra el escrito.
El comunicado fue firmado por Camila Merino (Vitacura), Claudio Castro (Renca), Carol Bown (San Miguel), Gustavo Toro (San Ramón), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Karina Delfino (Quinta Normal), Isabel Valenzuela (Colina), Tomás Vodanovic (Maipú), Jaime Bellolio (Providencia) y Christopher White (San Bernardo).
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