El Gobierno de Bolivia acusó este lunes al expresidente Evo Morales de movilizar grupos de manifestantes hacia la capital con el objetivo de generar violencia y desestabilización, en medio de una crisis social y política que ya se extiende por 39 días consecutivos.
El Ministerio de Obras Públicas difundió videos en los que se observa la salida de varios autobuses desde sectores donde se mantienen bloqueos en la ruta entre Oruro y La Paz. Según las autoridades, los pasajeros habrían sido enviados por sectores afines a Morales para intensificar las protestas en la sede de gobierno.
“Están siendo trasladados para generar violencia y caos mientras mantienen cerradas las rutas que impiden el paso de alimentos y productos esenciales”, sostuvo la cartera ministerial en un comunicado.
El Gobierno afirmó además que los bloqueos han afectado gravemente el abastecimiento de bienes básicos y servicios de emergencia. Las autoridades denunciaron ataques contra ambulancias y vehículos que transportaban insumos médicos.
“No se trata de una protesta legítima, sino de acciones que ponen en riesgo la vida de las personas”, señalaron desde Obras Públicas, advirtiendo que quienes impulsan los bloqueos deberán responder por las consecuencias derivadas de la falta de atención médica y del desabastecimiento que afecta a distintas regiones del país.
La crisis comenzó hace más de un mes en La Paz y posteriormente se extendió a otras zonas del territorio boliviano. Actualmente existen cerca de un centenar de bloqueos de carreteras, concentrados principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba, considerado uno de los principales bastiones políticos de Morales.
A las movilizaciones también se ha sumado la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), mientras organizaciones campesinas y rurales mantienen cortes de rutas en distintos puntos estratégicos.
Las primeras demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con el deterioro de las condiciones económicas y sociales del país. Sin embargo, con el paso de las semanas, diversos sectores comenzaron a exigir además la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En paralelo, el Congreso boliviano aprobó recientemente la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, normativa que habilita al Gobierno a desplegar a las Fuerzas Armadas para intervenir y despejar los bloqueos que afectan el funcionamiento de gran parte del país.
La nueva legislación marca un punto de inflexión en la crisis, al otorgar mayores facultades al Ejecutivo para enfrentar las protestas que mantienen paralizadas importantes actividades económicas y de transporte en Bolivia.
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