La presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, rechazó las acusaciones contra la organización tras la aplicación de un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas por parte de Estados Unidos y aseguró que la ONG nunca solicitó la imposición de gravámenes contra el país.
La controversia surgió después de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre el cumplimiento de distintas economías de su obligación de impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
Durante las audiencias realizadas en Washington participaron representantes del Gobierno chileno y de distintos sectores exportadores, además de la Fundación Libera y Ecoceanos. Estas últimas entregaron antecedentes sobre la eventual existencia de trabajo forzoso en Chile, principalmente en la industria salmonera y en el sector agrícola.
La intervención de ambas organizaciones generó fuertes críticas desde sectores empresariales y políticos, cuyos representantes calificaron su actuación como una “deslealtad” y una “falta de patriotismo”.
En una carta publicada por El Mercurio, Rudnick sostuvo que esas acusaciones no se ajustan a lo ocurrido durante el proceso.
“Tras la aplicación de un arancel de 12,5% a las exportaciones de Chile por el USTR, la ONG que lidero ha sido objeto de cuestionamientos y se nos ha culpado, incluso, de ser los causantes de esa decisión”, afirmó.
La representante de Libera añadió que “los epítetos más suaves han sido ser antipatriotas” y aseguró que las actas de las audiencias demuestran que tanto su fundación como Ecoceanos solicitaron expresamente que no se aplicaran aranceles a Chile.
Según explicó, las organizaciones propusieron reemplazar los gravámenes por un plan de siete medidas estructurales destinado a cumplir las exigencias estadounidenses y, al mismo tiempo, reforzar los mecanismos de prevención y combate contra el trabajo forzoso.
“Es difícil de creer, pero está ocurriendo”
Rudnick advirtió que la esclavitud moderna no es un fenómeno ajeno a Chile y sostuvo que el país carece de herramientas legales eficaces para enfrentarla.
“Me imagino que debe haber impresionado a muchos conocer que esto existe en Chile. Estremece, nos impacta a todos y es difícil de creer. Hablar de trabajo forzado o esclavitud moderna es hablar de cosas pesadas, monolíticas. Pero está ocurriendo”, señaló.
La presidenta de Libera explicó que el trabajo forzoso no se define únicamente por la gravedad de las condiciones laborales, sino por la ausencia de consentimiento libre e informado y por la existencia de amenazas, engaños, violencia, abuso de poder o mecanismos de coacción destinados a retener al trabajador.
También cuestionó que Chile no cuente con una tipificación penal específica para este delito y afirmó que las herramientas disponibles, principalmente las relacionadas con la trata de personas, no han resultado eficaces.
Comercio y derechos humanos
Rudnick rechazó la idea de que la defensa del comercio exterior sea incompatible con la protección de los derechos fundamentales.
“La disyuntiva entre comercio y derechos humanos es falsa y peligrosa”, afirmó.
A su juicio, la trata de personas y el trabajo forzoso tienen efectos que van más allá de las víctimas directas, porque corrompen a las instituciones públicas y privadas, deterioran el tejido social y afectan la calidad de vida de las comunidades.
La dirigenta sostuvo que enfrentar este fenómeno requiere una acción conjunta del Gobierno, la oposición, las empresas y la sociedad civil, sin divisiones ideológicas.
“El Gobierno y la oposición han manifestado que se debe enfrentar el problema sin ideologías y con unidad nacional. Estoy de acuerdo”, expresó.
Alternativas para reducir los aranceles
Rudnick señaló que el Ejecutivo dispone de distintas opciones para avanzar hacia una eventual reducción de los gravámenes aplicados por Estados Unidos.
Entre ellas mencionó la creación de una prohibición de importar productos elaborados mediante trabajo forzoso, la negociación de un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos o la implementación de un régimen parcial que cumpla objetivos similares.
“El USTR entregó la hoja de ruta para rebajas de arancel. El Gobierno tiene las alternativas a su disposición”, afirmó.
La presidenta de Fundación Libera cerró su carta defendiendo la necesidad de actuar frente a las denuncias y de no reducir el debate a las consecuencias comerciales.
“Es el momento de ser verdaderamente patriotas”, concluyó.
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