El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, denunció este viernes la existencia de un supuesto plan destinado a fabricar un caso penal en su contra para detenerlo y afirmó que teme por su integridad física y su vida.
Lara realizó la acusación mientras se encuentra en España, donde participó en Madrid en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.
En un comunicado, el vicepresidente aseguró haber recibido información de integrantes de la Policía Boliviana sobre una supuesta operación destinada a conseguir su aprehensión.
«Temo por mi integridad física y por mi vida», afirmó Lara, quien señaló directamente al coronel Marcelo Ferrufino, jefe de Inteligencia de la Policía, como la persona que presuntamente estaría preparando un caso en su contra.
Según la versión entregada por el vicepresidente, el supuesto operativo contemplaría incluso la incorporación de pruebas falsas destinadas a vincularlo con actividades ilícitas.
Lara sostuvo que no ha cometido delito alguno y calificó la eventual maniobra como un «montaje con fines políticos para acallarme».
El vicepresidente también afirmó haber recibido advertencias provenientes de personas vinculadas al entorno del Órgano Ejecutivo, que —según su denuncia— buscarían intimidarlo debido a sus posiciones políticas y a sus declaraciones en defensa de la Constitución y el debido proceso.
Lara responsabilizó al Gobierno boliviano y a quienes eventualmente participen en estas acciones por cualquier situación que afecte su integridad, la de su familia o su libertad.
Además, pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio Público y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos mantenerse atentos frente a lo que calificó como un eventual atropello al Estado de Derecho.
«Bolivia necesita justicia, no montajes. Necesita diálogo, no persecución política», sostuvo.
La detención del fiscal general
La denuncia del vicepresidente se produce en momentos de fuerte tensión institucional en Bolivia, particularmente después de la detención del fiscal general Roger Mariaca, quien enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y presunta protección a organizaciones criminales.
Mariaca fue detenido junto a otras 13 personas en una operación que las autoridades bolivianas vincularon con una supuesta estructura criminal infiltrada en el sistema judicial y el Ministerio Público.
El caso adquirió dimensión internacional luego de que Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y de otros funcionarios bolivianos, acusándolos de corrupción y de favorecer a organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Las autoridades bolivianas sostienen que Mariaca habría facilitado actuaciones favorables al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Durante los procedimientos también fueron incautados más de US$300.000 que, de acuerdo con la acusación oficial, estarían relacionados con actividades ilícitas.
Mariaca ha rechazado las imputaciones y ha denunciado motivaciones políticas detrás de las acciones en su contra.
Lara había cuestionado el procedimiento
Edmand Lara había intervenido públicamente en la controversia para exigir que se respetara el debido proceso del fiscal general y cuestionó la posibilidad de que la Asamblea Legislativa avanzara en su destitución sin que previamente se cumplieran las garantías constitucionales correspondientes.
Sus declaraciones profundizaron las diferencias dentro de la administración encabezada por el presidente Rodrigo Paz, que desde su llegada al poder ha impulsado un acercamiento con Estados Unidos y una ofensiva contra redes de narcotráfico y corrupción.
La detención de Mariaca se produjo además en un escenario de mayor cooperación entre La Paz y Washington en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Ahora, con la denuncia formulada por el propio vicepresidente desde Madrid, la crisis adquiere una nueva dimensión, al tratarse de una de las máximas autoridades del Estado boliviano acusando públicamente la existencia de una eventual operación destinada a privarlo de libertad.
Hasta ahora, las afirmaciones de Lara sobre el supuesto montaje corresponden a su denuncia y no se han presentado públicamente antecedentes independientes que permitan confirmar la existencia del plan que describe.
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