El 25° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $100 millones por concepto de daño moral a José Ignacio Soto Vásquez, quien perdió definitivamente la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de un perdigón disparado por un funcionario de Carabineros durante una manifestación ocurrida el 21 de octubre de 2019 en las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).
En la sentencia, la magistrada Susana Rodríguez Muñoz concluyó que existe responsabilidad del Estado por el actuar negligente de agentes policiales durante labores de control del orden público. El tribunal estableció que el trauma ocular severo sufrido por el demandante fue provocado por un perdigón disparado desde una escopeta antidisturbios utilizada por funcionarios de Carabineros.
Según el fallo, la prueba rendida permitió acreditar que la lesión no pudo atribuirse a otra causa distinta a la acción policial desplegada ese día. La resolución señala que el demandante sufrió un estallido del globo ocular derecho y la pérdida irreversible de la visión producto del impacto recibido.
La jueza analizó además los protocolos institucionales vigentes al momento de los hechos, concluyendo que el uso del armamento antidisturbios no se ajustó a las normas establecidas por Carabineros. Entre ellas, la obligación de dirigir los disparos al tercio medio inferior del cuerpo y evitar su utilización a distancias inferiores a 30 metros debido al elevado potencial lesivo de la munición.
Para el tribunal, la gravedad de las lesiones constituye un indicio suficiente de que el disparo fue efectuado incumpliendo dichos protocolos. La sentencia sostiene que el proyectil impactó en la parte superior del cuerpo y que la distancia utilizada habría sido inferior a la recomendada por la propia institución policial.
La resolución agrega que la actuación policial excedió los márgenes de proporcionalidad y racionalidad exigibles en procedimientos de control del orden público, configurando una vulneración al derecho a la integridad física garantizado por la Constitución.
Asimismo, el fallo acreditó que, como consecuencia de la lesión ocular, José Ignacio Soto desarrolló un cuadro de depresión y trastorno por estrés postraumático, con un deterioro significativo de su vida personal y laboral. El tribunal estableció una relación causal directa entre la actuación policial y los daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima.
Por estas razones, el juzgado rechazó los argumentos del Fisco que intentaban atribuir responsabilidad a terceros o al propio afectado, concluyendo que la conducta de los funcionarios policiales constituyó una falta de servicio imputable al Estado de Chile.
La entrada Fisco deberá pagar $100 millones a víctima que perdió un ojo por disparo de Carabineros durante el estallido social se publicó primero en El Periodista.
