Las dos extrabajadoras que acusan a Julio Iglesias de presuntas agresiones sexuales y explotación laboral dieron un nuevo paso judicial al presentar una querella ante la Audiencia Nacional de España, reabriendo una controversia que a comienzos de año había quedado archivada por falta de jurisdicción.
Las denunciantes, identificadas con los nombres de Rebeca y Laura para preservar su identidad, solicitan ahora que los tribunales españoles investiguen hechos que habrían ocurrido durante 2021 en las propiedades que el cantante posee en República Dominicana y Bahamas.
Las mujeres sostienen que Iglesias habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad económica y laboral en que se encontraban para someterlas a un ambiente de intimidación, control y condiciones de trabajo degradantes.
Entre los hechos denunciados figuran presuntas agresiones sexuales, acoso, lesiones y posibles delitos contra los derechos de los trabajadores. La presentación judicial plantea además que podrían existir elementos constitutivos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre.
Una de las denunciantes trabajaba como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta.
La defensa recuerda el archivo anterior
El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, señaló que la defensa no había recibido hasta ahora una comunicación formal sobre la nueva querella y recordó que la Justicia española ya se había declarado sin competencia para investigar los hechos.
Ese punto será precisamente una de las principales cuestiones que deberá resolver ahora la Audiencia Nacional: determinar si España tiene jurisdicción para investigar presuntos delitos cometidos fuera de su territorio por un ciudadano español.
La querella invoca el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de protección de los derechos humanos.
Las representantes de las denunciantes sostienen que existen fundamentos jurídicos suficientes para que la Justicia española examine el fondo de las acusaciones, pese a que los hechos denunciados habrían ocurrido principalmente en el Caribe.
Fiscalía archivó el caso en enero
El nuevo procedimiento tiene como antecedente directo la denuncia presentada a comienzos de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público abrió diligencias preliminares y otorgó a ambas mujeres la condición de testigos protegidos. Sin embargo, el 23 de enero de 2026 decidió archivar la investigación al estimar que no concurrían los requisitos legales para que los tribunales españoles asumieran competencia sobre hechos presuntamente cometidos en República Dominicana y Bahamas.
La decisión no supuso un pronunciamiento sobre la veracidad de las acusaciones ni una absolución del cantante, sino que se limitó a la cuestión de la jurisdicción.
Las denunciantes han optado ahora por acudir directamente ante la Audiencia Nacional mediante una querella, lo que obligará a un tribunal a pronunciarse nuevamente sobre la posibilidad de abrir una investigación penal.
Una investigación de tres años
Las acusaciones se conocieron públicamente en enero pasado, después de una investigación periodística desarrollada durante casi tres años y basada en testimonios de antiguas trabajadoras de las residencias del artista.
La investigación recopiló relatos de personal doméstico y profesionales que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023. Las dos mujeres que posteriormente acudieron a la Justicia describieron un supuesto ambiente de control, intimidación y abusos durante su trabajo como internas en 2021.
Una de ellas aseguró haber sido presionada para mantener relaciones sexuales con el cantante y denunció penetraciones sin consentimiento, bofetadas y vejaciones. Las mujeres también relataron insultos, humillaciones y restricciones relacionadas con sus condiciones laborales.
Según los antecedentes difundidos en enero, las denunciantes aportaron documentación laboral, fotografías, comunicaciones, registros de llamadas y otros antecedentes destinados a respaldar la existencia de la relación de trabajo y las circunstancias que describieron.
Iglesias ha negado las acusaciones
Julio Iglesias rechazó públicamente las imputaciones cuando el caso se conoció a comienzos de año. El cantante aseguró que nunca había abusado, coaccionado ni faltado el respeto a una mujer y calificó las acusaciones como falsas.
Posteriormente, su defensa exploró acciones judiciales contra las denunciantes por una eventual denuncia falsa y también abrió un frente contra los medios que divulgaron la investigación. En mayo se celebró en Madrid un acto de conciliación previo a posibles acciones judiciales relacionadas con esas publicaciones.
La nueva querella vuelve ahora a situar el caso en manos de la Justicia española. Antes de entrar al fondo de las graves acusaciones formuladas por las dos extrabajadoras, la Audiencia Nacional deberá resolver una cuestión determinante: si los tribunales españoles pueden investigar hechos presuntamente cometidos en el extranjero por uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional.
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