Un tribunal de Estambul aceptó la acusación contra el popular comediante turco Deniz Goktas, quien deberá enfrentar un juicio por una actuación humorística crítica del presidente Recep Tayyip Erdogan y arriesga una pena que podría superar los 11 años de prisión.
El Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul resolvió abrir el proceso por los delitos de “insultar al presidente”, “incitar al odio y la hostilidad entre la población” y “elogiar el crimen y a los delincuentes”.
La primera audiencia quedó fijada para el próximo 28 de septiembre.
La investigación comenzó después de la publicación en YouTube, en junio pasado, de una presentación de stand-up de Goktas que alcanzó cerca de 10 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los contenidos humorísticos más comentados de Turquía.
Las autoridades sostienen que algunas de las expresiones utilizadas durante el espectáculo excedieron los límites de la crítica y dañaron el “honor, dignidad y reputación” del mandatario.
El comediante también fue acusado por bromas relacionadas con sectores religiosos y por una referencia humorística a la contratación de un asesino a sueldo mediante Telegram, que la Fiscalía consideró una forma de elogio o legitimación de actividades criminales.
Goktas fue detenido a comienzos de julio, cuando regresó a Turquía desde el extranjero, en el aeropuerto de Estambul. Desde entonces, su situación se convirtió en un nuevo foco de debate sobre los límites impuestos a la libertad de expresión y la sátira política bajo el gobierno de Erdogan.
Un delito utilizado ampliamente durante la era Erdogan
El delito de “insultar al presidente” está contemplado en el artículo 299 del Código Penal turco y establece penas de entre uno y cuatro años de prisión, que pueden aumentar cuando las expresiones son realizadas públicamente.
La utilización de esta figura penal aumentó de manera considerable desde que Erdogan llegó a la Presidencia en agosto de 2014.
Entre 2010 y 2014 se iniciaron 2.804 investigaciones por insultos al jefe de Estado, de las cuales 690 terminaron en procesos judiciales. En cambio, entre 2015 y 2019, ya con Erdogan en la Presidencia, se registraron 128.190 investigaciones y 27.607 causas.
La tendencia ha continuado durante los últimos años. En 2024, más de 21 mil personas fueron investigadas por delitos relacionados con ofensas contra el presidente o instituciones estatales, mientras más de 7 mil terminaron enfrentando procesos judiciales.
Durante 2025 también fueron procesados centenares de menores de edad bajo normas relativas a insultos contra Erdogan o instituciones del Estado. Un total de 207 menores recibió condenas, aunque gran parte de ellas quedó suspendida.
Periodistas y trabajadores de medios figuran entre los grupos más afectados por este tipo de procesos. Un seguimiento de 120 audiencias realizadas entre enero de 2025 y mayo de 2026 mostró que cerca de dos tercios de los acusados eran profesionales vinculados a medios de comunicación. También aparecen entre los procesados políticos, artistas y caricaturistas.
Ahora investigan al ex primer ministro Davutoglu
El procesamiento de Goktas coincide con la apertura de otra investigación por presuntos insultos contra Erdogan, esta vez contra quien fuera uno de sus principales aliados políticos.
La Fiscalía de Ankara inició esta semana diligencias contra el ex primer ministro Ahmet Davutoglu después de que volvieran a circular en redes sociales antiguas declaraciones en las que criticaba duramente al mandatario y a su entorno político.
Davutoglu fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2009 y 2014 y primer ministro entre 2014 y 2016. Durante años fue considerado una de las figuras centrales del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), antes de romper políticamente con Erdogan y fundar el opositor Partido del Futuro.
La investigación también se sustenta en el artículo 299 del Código Penal, por lo que el antiguo jefe de Gobierno podría enfrentar penas de hasta cuatro años de cárcel en caso de ser acusado y posteriormente condenado.
Los nuevos procesos vuelven a instalar el debate sobre la libertad de expresión en Turquía, un país estratégico tanto para Europa como para Medio Oriente y miembro de la OTAN, donde las organizaciones defensoras de derechos civiles han cuestionado reiteradamente el uso de normas penales para perseguir expresiones críticas contra el poder político.
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