El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Venezuela de la lista de países que, según Washington, han incumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, en un nuevo giro en las relaciones entre ambos países tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro.
La decisión supone un cambio significativo respecto de la política estadounidense de las últimas dos décadas. En septiembre de 2025, Venezuela había sido incluida junto con Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia entre los países que Washington consideraba que habían fallado de manera demostrable en realizar esfuerzos sustanciales contra el tráfico de drogas.
Trump justificó ahora la modificación por los “avances positivos” registrados bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió la conducción del país tras la captura y salida del poder de Maduro en enero pasado.
El mandatario estadounidense destacó además la creciente cooperación entre Washington y Caracas para combatir organizaciones dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado, incluyendo las acciones contra el Tren de Aragua y la operación que terminó con su máximo líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”.
“Espero ver progresos continuos y cuantificables por parte del Gobierno interino en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia Estados Unidos”, señaló Trump en la determinación presidencial.
Venezuela seguirá bajo vigilancia
La decisión no significa que Venezuela haya dejado de ser considerada un territorio relevante dentro de las rutas internacionales de las drogas.
El país permanece en la denominada lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, junto con Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.
Washington distingue entre integrar esa nómina —determinada también por factores geográficos, comerciales y económicos— y ser considerado un país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones antidrogas.
La diferencia es relevante porque permite reconocer cooperación y medidas adoptadas por un gobierno sin concluir necesariamente que el territorio haya dejado de desempeñar un papel importante en las rutas de producción o tráfico de estupefacientes.
Un giro en las relaciones con Caracas
La medida se suma a una rápida recomposición de las relaciones entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de 2026 y la instalación del gobierno interino encabezado por Rodríguez.
Uno de los principales ámbitos de acercamiento ha sido el energético. A comienzos de septiembre, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un amplio acuerdo petrolero que concede a Washington importantes derechos económicos y de gestión sobre reservas venezolanas. La Casa Blanca afirmó que el convenio involucra más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas.
Rodríguez, por su parte, ha impulsado durante los últimos meses acuerdos para atraer capitales y recuperar la producción petrolera venezolana. El gobierno interino ha presentado esa estrategia como una vía para reconstruir la economía y recuperar el papel de Venezuela en el mercado energético internacional.
El acercamiento no ha eliminado, sin embargo, las controversias sobre la transición política venezolana. Trump afirmó recientemente que Rodríguez quiere avanzar hacia elecciones, aunque sostuvo que el país todavía no estaría preparado para celebrar comicios de manera inmediata.
En paralelo, una misión internacional de Naciones Unidas advirtió esta semana que, pese a algunos cambios posteriores a la salida de Maduro —entre ellos liberaciones de presos y otras medidas de apertura—, persisten estructuras estatales asociadas a violaciones de derechos humanos y permanecen personas detenidas arbitrariamente.
Cambio respecto de 2025
La nueva determinación representa una modificación sustancial respecto del diagnóstico formulado por Washington hace exactamente un año.
En septiembre de 2025, Estados Unidos había situado a Venezuela entre cinco países señalados por incumplir de manera demostrable sus compromisos antidrogas. Un año después, la administración Trump considera que la cooperación establecida con las nuevas autoridades venezolanas permite retirar esa calificación.
La modificación, sin embargo, no equivale a una certificación de que el problema del narcotráfico haya sido superado. Estados Unidos mantiene a Venezuela dentro del grupo de países relevantes para el tránsito o producción de drogas y condiciona la continuidad del nuevo escenario bilateral a resultados concretos en el desmantelamiento de organizaciones criminales y la interrupción de las rutas hacia territorio estadounidense.
La decisión consolida así otro capítulo de la transformación de la relación entre Washington y Caracas durante 2026, que ha pasado del enfrentamiento político y las sanciones a una creciente cooperación en seguridad, energía y combate al crimen organizado.
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