La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela advirtió que las estructuras estatales vinculadas a graves violaciones de derechos humanos permanecen esencialmente “intactas”, pese a los cambios registrados en el país después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
El nuevo informe reconoce una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y un margen mayor para protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, la misión sostiene que estos avances no han estado acompañados por reformas institucionales capaces de garantizar una transformación permanente del sistema.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, afirmó la presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher.
La responsable del organismo advirtió que cualquier apertura continuará siendo “frágil y reversible” mientras no sean desmanteladas las estructuras represivas, exista independencia judicial y sean investigados y sancionados los responsables de violaciones de derechos humanos.
Funcionarios permanecen en puestos clave
Uno de los aspectos destacados por la investigación es la continuidad dentro de las instituciones venezolanas de funcionarios previamente vinculados por la propia misión con graves vulneraciones de derechos humanos.
Al menos 19 funcionarios identificados en informes anteriores continúan desempeñándose o fueron reasignados a posiciones relevantes dentro de la estructura estatal.
La misión también advierte que siguen vigentes normas utilizadas para criminalizar la disidencia, mientras los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente sus estructuras, políticas y prácticas.
El diagnóstico adquiere especial relevancia tras el cambio político ocurrido después del 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense en Venezuela terminó con la captura de Nicolás Maduro. Desde entonces, Delcy Rodríguez quedó al frente del Ejecutivo.
Aunque el escenario posterior registró excarcelaciones y una reducción de algunas modalidades de represión, la investigación sostiene que esos cambios todavía no constituyen una reforma estructural del Estado.
64 nuevos casos de tortura
La situación de las personas privadas de libertad continúa siendo uno de los principales motivos de preocupación.
Desde el 3 de enero, la misión recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura, mientras organizaciones no gubernamentales estiman que entre 300 y 500 personas permanecen detenidas por razones políticas.
El organismo contabilizó además 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante los últimos 12 meses. Cerca de 200 de ellas ocurrieron antes de la captura de Maduro.
Después del 3 de enero, sin embargo, los investigadores identificaron otro fenómeno: detenciones de corta duración utilizadas presuntamente para intimidar a activistas, dirigentes opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.
El documento también señala que periodistas y organizaciones civiles continúan enfrentando obstáculos para desarrollar sus actividades.
El papel de los “colectivos”
Otro de los puntos centrales de la investigación corresponde a los llamados “colectivos”, organizaciones civiles armadas que han tenido presencia durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La misión sostiene que estos grupos han desarrollado labores de vigilancia e inteligencia, identificado personas buscadas por organismos de seguridad y participado en acciones contra manifestaciones y opositores reales o percibidos. También documentó indicios de que el Estado les suministró regularmente armas de fuego, municiones, motocicletas y equipos de comunicación. (The National Tribune)
La investigación considera que los colectivos no constituyen simplemente organizaciones periféricas, sino que han desempeñado un papel relevante dentro del sistema de control político y territorial.
Según las conclusiones de los expertos, cuando estos grupos ejercen funciones públicas reconocidas por la legislación venezolana o actúan bajo instrucciones o control de organismos estatales, sus acciones pueden ser atribuidas al Estado. La misión sostiene además que las autoridades tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar los abusos cometidos por estos grupos.
El estudio específico sobre los colectivos será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, cuya 63ª sesión se desarrolla entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre de 2026.
Antecedentes de una investigación iniciada en 2019
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos desde 2014.
Los informes anteriores ya habían descrito patrones de represión contra opositores reales o percibidos. En su investigación correspondiente al período 2020-2023, por ejemplo, la misión documentó casos de tortura y malos tratos y sostuvo que funcionarios estatales continuaban utilizando esas prácticas para silenciar o desalentar la oposición al Gobierno. (
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la misión también documentó una fuerte represión de las protestas posteriores a los comicios, con 25 personas fallecidas, además de cientos de heridos y detenidos.
El nuevo escenario abierto en 2026 muestra, según los expertos, una reducción de algunas de esas prácticas, pero mantiene pendiente el problema central identificado durante años por la misión: la transformación de las instituciones que hicieron posibles las violaciones.
“Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos”, afirmó Macher.
La entrada ONU advierte que aparato represivo de Venezuela sigue “intacto” pese a disminución de detenciones se publicó primero en El Periodista.
