
The Walt Disney Company y su cadena ABC presentaron este martes una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para intentar detener el proceso de renovación anticipada de las licencias de ocho estaciones de televisión propiedad del grupo.
La acción judicial sostiene que la Administración del presidente Donald Trump ha utilizado al organismo regulador para castigar a ABC por contenidos que desagradan a la Casa Blanca, vulnerando las garantías de libertad de expresión y de prensa contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
“Actuando a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración ha emprendido una campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite”, señala la demanda.
El litigio fue presentado ante un tribunal federal de Washington y busca frenar el procedimiento anticipado dispuesto por la FCC. Las ocho licencias involucradas corresponden a estaciones propiedad de Disney en Fresno, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Nueva York, Durham, Filadelfia y Houston.
Licencias que vencían desde 2028
El conflicto comenzó el 28 de abril, cuando la FCC ordenó a Disney y ABC presentar solicitudes anticipadas para renovar las ocho licencias. Normalmente, estas autorizaciones tienen una duración de ocho años y ninguna de las involucradas debía entrar en proceso de renovación antes de 2028.
El regulador justificó la medida argumentando que mantenía una investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones de ABC como concesionaria de frecuencias públicas, incluyendo posibles infracciones relacionadas con las normas contra la discriminación.
Sin embargo, Disney sostiene que la decisión carece de precedentes comparables y responde a motivaciones políticas. La empresa presentó en mayo las solicitudes requeridas, pero lo hizo “bajo protesta”, calificando entonces la orden como “ilegal, arbitraria e inconstitucional”. La FCC no había utilizado de esta forma su facultad de exigir renovaciones anticipadas durante más de cinco décadas.
La compañía argumenta además que preparar simultáneamente la documentación correspondiente a ocho estaciones constituye un proceso complejo que normalmente puede requerir meses.
El factor Jimmy Kimmel
Uno de los principales antecedentes expuestos en la disputa es el enfrentamiento entre Trump y el presentador Jimmy Kimmel.
La orden de la FCC fue emitida apenas un día después de que Trump reclamara públicamente el despido del conductor de “Jimmy Kimmel Live!” debido a comentarios realizados por el comediante sobre la primera dama, Melania Trump.
Disney considera que la cercanía temporal entre ambos acontecimientos forma parte de un patrón más amplio de presión política contra ABC. La demanda también menciona las tensiones relacionadas con otros espacios de la cadena, entre ellos “The View”, programa que igualmente ha quedado bajo escrutinio del regulador.
La comisionada de la FCC Anna Gomez ha cuestionado públicamente la actuación del organismo y la describió como parte de “una campaña sostenida y coordinada de censura y control”, mediante el uso de las atribuciones regulatorias para presionar a medios independientes.
Una disputa que supera a Disney
El enfrentamiento podría tener consecuencias que vayan mucho más allá de las ocho estaciones involucradas. ABC sostiene que permitir que un gobierno utilice los procesos de concesión y renovación de frecuencias para reaccionar frente a contenidos periodísticos o humorísticos establecería un precedente capaz de afectar al conjunto de los medios estadounidenses.
Disney, ABC y las ocho estaciones solicitaron al tribunal detener el procedimiento anticipado, alegando que representa una amenaza para sus derechos constitucionales y para el ejercicio independiente de la actividad periodística.
Desde la FCC, en cambio, su presidente, Brendan Carr, ha defendido las atribuciones del organismo y ha sostenido que las empresas que utilizan frecuencias públicas están obligadas a operar conforme al interés público. El regulador mantiene además investigaciones sobre otros grandes grupos televisivos estadounidenses.
La controversia ya había llegado al Congreso. En mayo, un grupo de senadores demócratas pidió a Carr retirar la orden contra Disney y acusó a la FCC de convertir sus facultades sobre las licencias de radiodifusión en un instrumento de represalia política.
El nuevo litigio convierte ahora ese enfrentamiento político y regulatorio en una batalla constitucional ante los tribunales. El resultado podría delimitar hasta dónde puede llegar la FCC en la supervisión de las cadenas que utilizan el espectro radioeléctrico y, especialmente, si esas atribuciones pueden ejercerse en medio de disputas entre el Gobierno y los contenidos editoriales de un medio de comunicación.
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