El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó a los principales organismos de investigación y control del país un denominado “Libro Blanco”, que reúne información sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro, que encabezó el país entre 2022 y 2026.
El documento fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que esas instituciones analicen los antecedentes y determinen si existen eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
“Mi obligación como Presidente de la República es construir el futuro de Colombia, pero también es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que, por su gravedad, comprometen la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, afirmó De la Espriella durante un acto por el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.
El mandatario explicó que el informe fue elaborado a partir del proceso de transición entre ambas administraciones, bajo la coordinación del vicepresidente José Manuel Restrepo, y enfatizó que el Ejecutivo no está atribuyendo responsabilidades individuales.
“No me corresponde, señora Fiscal, declarar la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de persona alguna, señor Procurador, señor Contralor. Esa función le pertenece exclusivamente a la Administración de Justicia y al Ministerio Público”, señaló.
Según De la Espriella, durante la transición se revisó información procedente de distintas instituciones estatales y fueron detectadas situaciones que, a juicio de su administración, requieren ser examinadas por las autoridades competentes.
La UNGRD vuelve al centro de las investigaciones
Uno de los principales puntos abordados por el Presidente fue la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), institución que quedó en el centro de un amplio caso de corrupción durante la administración de Petro.
El escándalo comenzó a adquirir dimensión nacional en 2024 por la compra de 40 camiones cisterna destinados a abastecer de agua a comunidades de La Guajira. El contrato tuvo un valor cercano a los US$12 millones y las investigaciones apuntaron posteriormente a posibles sobrecostos y desvíos de recursos.
Las pesquisas alcanzaron al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y al exsubdirector Sneyder Pinilla. Ambos fueron vinculados judicialmente por delitos relacionados con contratación pública, apropiación de recursos y falsedad documental.
Las investigaciones se extendieron posteriormente al ámbito político. Entre los involucrados estuvieron los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. En octubre de 2025 quedó firme el llamado a juicio contra ambos por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, dentro de la investigación por contratos de la UNGRD.
La tesis investigativa sostuvo que los parlamentarios habrían recibido recursos a cambio de favorecer el avance de reformas impulsadas por el Ejecutivo de Petro. Se trata, sin embargo, de acusaciones sometidas al correspondiente proceso judicial y que no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
El caso tuvo además otras ramificaciones. Las investigaciones detectaron contratos por decenas de miles de millones de pesos colombianos y examinaron el eventual uso de recursos de emergencia como mecanismo para obtener beneficios económicos o políticos.
El propio Petro reconoció públicamente durante su mandato la gravedad del caso de la UNGRD y llegó a pedir perdón por haber nombrado a Olmedo López al frente de la institución.
Contratos y deterioro fiscal
De la Espriella cuestionó además el uso de contratos de prestación de servicios durante el Gobierno anterior. Según los antecedentes presentados por el mandatario, esta modalidad habría generado un impacto superior a cinco billones de pesos colombianos sobre las finanzas públicas.
El Presidente incorporó esas cifras al Libro Blanco para que sean revisadas por los organismos correspondientes, sin atribuir anticipadamente responsabilidades.
Las denuncias fueron relacionadas también por el mandatario con la situación fiscal heredada por su administración. De la Espriella sostuvo que Colombia enfrenta un déficit fiscal equivalente al 7,8% del Producto Interno Bruto, mientras que el endeudamiento llegaría al 61% del PIB, de acuerdo con las cifras expuestas durante su intervención.
El Gobierno anunció asimismo que recurrirá a nuevas tecnologías y herramientas de análisis de información para reforzar el seguimiento del gasto público y detectar anomalías antes de que puedan provocar perjuicios patrimoniales al Estado.
La iniciativa apunta a establecer sistemas preventivos de vigilancia sobre contratación, ejecución presupuestaria y transferencias de recursos, en momentos en que las consecuencias políticas y judiciales de los casos investigados durante la administración Petro siguen formando parte del debate colombiano.
Fiscalía crea equipo especial
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el organismo analizará los antecedentes entregados por el Ejecutivo y recalcó que serán los fiscales quienes deberán determinar si existe mérito suficiente para abrir nuevas investigaciones.
Tras recibir el resumen de los hechos incluidos en el Libro Blanco, la Fiscalía dispuso la conformación de un equipo especial encargado de verificar y contrastar la información con los antecedentes y pruebas disponibles.
El procedimiento deberá establecer primero si los hechos descritos efectivamente ocurrieron y, posteriormente, determinar si tienen relevancia penal y quiénes podrían tener responsabilidad.
De la Espriella insistió en que el documento entregado por su Gobierno no equivale a una resolución judicial. Por esa razón, las personas eventualmente mencionadas en sus antecedentes mantienen plenamente la presunción de inocencia mientras las autoridades desarrollan las investigaciones y los tribunales adoptan las decisiones correspondientes.
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