Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó que el Hospital Carlos Cisternas de Calama efectuó, entre 2023 y 2025, gastos improcedentes por un total de $2.353.540.670, principalmente asociados a servicios que no pudieron ser debidamente acreditados.
Los antecedentes forman parte del Informe N°673 de 2025, que identificó diversas irregularidades en los procesos de contratación, ejecución de servicios y control financiero del establecimiento de salud.
Entre los hallazgos, se constató que el hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que requerían el trámite previo de toma de razón ante la Contraloría, sin que estos fueran sometidos a dicho control, lo que derivó en errores desde su origen.
Asimismo, el informe detalla pagos sin respaldo suficiente que permitan validar su procedencia. Entre ellos, figuran $783 millones por servicios de vigilancia y seguridad sin documentación que acredite su ejecución, así como $684 millones en servicios de aseo cuya prestación no pudo ser verificada. A esto se suman otros $393 millones en gastos generales sin antecedentes que justifiquen su razonabilidad.
La fiscalización también identificó pagos en exceso derivados de duplicidades y errores no detectados oportunamente, además de contrataciones con documentación insuficiente para acreditar la prestación efectiva de servicios.
En materia de licitaciones, la Contraloría detectó irregularidades como la presentación de antecedentes adulterados para acreditar experiencia, la adjudicación de contratos a empresas sin giro vigente y la selección de ofertas de mayor valor sin justificación, existiendo alternativas más convenientes.
Adicionalmente, se identificó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del hospital que mantenía una relación personal con la representante legal de una empresa contratada.
El informe también advierte debilidades en los sistemas de control interno, incluyendo la falta de mecanismos eficaces para verificar la autenticidad de documentos, deficiencias en la aplicación del Sistema de Compras Públicas y falencias en la validación de pagos.
Frente a estos hechos, la Contraloría anunció que formulará un reparo por el total de los recursos observados, con el objetivo de recuperar los montos pagados de manera improcedente. Además, se instruirá un procedimiento disciplinario y se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones correspondientes.
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