La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia censuró al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, abriendo una nueva crisis política para el Gobierno del presidente Rodrigo Paz en momentos en que el país intenta estabilizar su economía y superar la escasez de combustibles y divisas.
La censura fue aprobada este martes con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, sobre un total de 129 legisladores, superando ampliamente los dos tercios requeridos. La decisión se adoptó después de que Espinoza no acudiera a una interpelación parlamentaria en la que debía responder por las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.
Antes de la votación, la Asamblea rechazó por 81 votos contra 43 la excusa presentada por el ministro para justificar su ausencia. Espinoza había argumentado compromisos oficiales relacionados con la situación del abastecimiento de combustibles.
La senadora Elena Pachacute, de la alianza Libre, sostuvo que tras la censura corresponde que el presidente Rodrigo Paz destituya al ministro dentro de las próximas 24 horas.
«Ha sido censurado el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, a través de una interpelación. Ahora lo que procede de acuerdo a la ley es que este ministro sea destituido en 24 horas por el presidente Rodrigo Paz», señaló la parlamentaria.
Pachacute también pidió al mandatario que no repita lo ocurrido durante el Gobierno de Luis Arce con el entonces ministro Eduardo del Castillo, quien fue censurado por la Asamblea en 2023 y posteriormente volvió a ser designado en el cargo.
La Constitución boliviana establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa la interpelación de los ministros y señala que la censura implica su destitución. Espinoza, sin embargo, anunció que buscará un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para establecer si el procedimiento seguido por el Congreso se ajustó a la Carta Fundamental.
El ministro cuestionó la interpretación legislativa y sostuvo que corresponde al TCP determinar los alcances constitucionales de la censura.
Golpe al equipo económico de Rodrigo Paz
La decisión convierte a Espinoza en el primer ministro del Gobierno de Rodrigo Paz censurado por la Asamblea Legislativa y ocurre en un momento particularmente sensible para la administración, que ha impulsado profundas modificaciones en la política económica boliviana.
Desde que Paz asumió la Presidencia en noviembre de 2025, su Gobierno ha buscado enfrentar la escasez de dólares, el déficit fiscal, la inflación y los problemas de abastecimiento de combustibles mediante cambios en el régimen cambiario, reducción de subsidios y una mayor apertura al financiamiento internacional.
Entre las últimas medidas se encuentra la eliminación del subsidio al diésel para grandes consumidores, que provocó un incremento de 84% en su precio para quienes demandan más de 120 litros mensuales. La decisión afecta especialmente a sectores como la minería, agricultura y transporte pesado.
El Gobierno también implementó durante 2026 un régimen de tipo de cambio flexible y anunció una reducción significativa del déficit fiscal. Espinoza aseguró en julio que el Ejecutivo había rebajado el déficit proyectado desde aproximadamente 61.000 millones de bolivianos hasta unos 40.000 millones.
Paralelamente, Bolivia ha retomado negociaciones con organismos financieros internacionales. El Ejecutivo anunció recientemente avances para obtener financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), recursos destinados principalmente a fortalecer las reservas internacionales y respaldar el programa de estabilización económica.
La eventual salida de Espinoza podría afectar directamente esas negociaciones, ya que el ministro ha sido uno de los principales responsables del diseño del programa económico y de las conversaciones con organismos multilaterales.
Cuestionamientos por compra de vehículo
La censura se produce además después de varios días de cuestionamientos públicos contra Espinoza por su declaración tributaria relacionada con la compra de un vehículo de alta gama.
El caso generó críticas debido a presuntas inconsistencias en el valor declarado de la operación y abrió un nuevo frente político contra el ministro, quien ha atribuido la situación a problemas administrativos en la documentación.
La controversia se sumó a las críticas parlamentarias por las reformas económicas y por el impacto que algunas de ellas han tenido sobre sectores productivos y sociales.
La disputa entre el Legislativo y el Ejecutivo deja ahora al presidente Rodrigo Paz ante una decisión política inmediata: ejecutar la destitución solicitada por el Congreso o esperar la interpretación del Tribunal Constitucional sobre los alcances y la validez de la censura.
El conflicto se convierte así en uno de los primeros grandes enfrentamientos institucionales de la administración de Paz y amenaza con introducir incertidumbre en momentos en que Bolivia intenta consolidar un programa de estabilización después de años de dificultades fiscales, escasez de divisas y problemas de abastecimiento de combustibles.
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