
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que existe una elevada probabilidad de que la deuda bruta del Gobierno Central supere el nivel prudente del 45% del Producto Interno Bruto (PIB), en el marco de las metas fiscales establecidas por el Ejecutivo para el período 2026-2030.
En su informe “Análisis del decreto sobre las bases de la política fiscal 2026-2030”, publicado este miércoles, el organismo entregó su opinión fundada sobre la idoneidad de los objetivos de Balance Estructural (BE) y del nivel de deuda pública definidos en el Decreto de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, publicado el 22 de septiembre.
El documento establece metas de Balance Estructural de -2,6% del PIB para 2026; -1,8% para 2027; -1,7% para 2028; -1,6% para 2029, y -1,5% para 2030. Además, mantiene el nivel prudente de deuda bruta en 45% del PIB.
El CFA valoró que el Gobierno mantuviera ese umbral y que las metas contemplen una reducción del déficit estructural desde 3,1% del PIB en 2025 a 1,5% en 2030. Según el organismo, estos objetivos “van en la dirección correcta” y, de acuerdo con las estimaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres), permitirían estabilizar la deuda bajo el nivel prudente.
Sin embargo, el Consejo advirtió que, según sus propias proyecciones en el escenario base, la probabilidad de superar ese límite excede el 50% en 2029 y se acerca al 55% en 2030.
Las condiciones para cumplir las metas
De acuerdo con el CFA, la sostenibilidad de la estrategia fiscal dependerá de cuatro condiciones: el cumplimiento estricto de las metas anuales de Balance Estructural, lo que requerirá medidas adicionales para cerrar las holguras negativas; la materialización de un crecimiento económico promedio de 3,2% entre 2027 y 2030; la contención de otros requerimientos de capital, proyectados por la Dipres en un promedio de 0,49% del PIB entre 2026 y 2030; y una gestión fiscal capaz de responder a eventuales contingencias adversas.
Para avanzar en esa dirección, el organismo reiteró la necesidad de combinar cuatro dimensiones de política fiscal: impulsar el crecimiento económico potencial, reducir la evasión y elusión tributaria, generar nuevas fuentes de ingresos estructurales y mejorar la eficiencia del gasto público, junto con eventuales ajustes en los requerimientos bajo la línea.
Asimismo, planteó la importancia de alcanzar un acuerdo amplio por la sostenibilidad fiscal entre el Ejecutivo y el Congreso, considerando que algunas de las medidas podrían requerir cambios legislativos.
El Consejo también recomendó que el Ministerio de Hacienda publique una estrategia anual de financiamiento con objetivos de mediano plazo, que explicite los costos y riesgos de la composición de la deuda pública, tanto en monedas como en plazos.
Riesgos para la deuda pública
Entre los factores que podrían dificultar el cumplimiento de las metas, el CFA mencionó los riesgos macroeconómicos y financieros internacionales, un crecimiento inferior al proyectado para 2027-2030, las dificultades para ajustar el gasto y las presiones estructurales, además de eventuales aumentos en los costos de refinanciamiento de la deuda.
No obstante, también identificó factores que podrían contribuir a una menor deuda pública. Entre ellos, destacó una eventual prolongación del alza del precio del cobre, impulsada por la demanda asociada a la electrificación, los vehículos eléctricos y la infraestructura para inteligencia artificial, junto con restricciones de oferta.
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