Colombia comienza a cerrar uno de los capítulos más controvertidos de su historia política reciente. El Congreso aprobó una nueva legislación para el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales, marcando un cambio profundo respecto de la política de paz total impulsada por el expresidente Gustavo Petro.
La iniciativa, promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, recibió el respaldo de ambas cámaras legislativas después de dos jornadas de intenso debate, en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición sobre sus consecuencias para los derechos humanos, las víctimas del conflicto y las garantías de la protesta social.
«Habemus ley de sometimiento», celebró el mandatario tras la votación, antes de proclamar que «la falsa paz total llegó a su fin».
La nueva normativa, integrada por 30 artículos, reemplaza el esquema de negociación política con las organizaciones armadas por un sistema de sometimiento judicial condicionado al desarme, la colaboración con las autoridades y la reparación de las víctimas.
Del diálogo al sometimiento judicial
El cambio representa mucho más que una modificación legislativa. Supone abandonar la estrategia con la que Petro intentó negociar simultáneamente con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales para reducir la violencia que persiste en distintas regiones del país.
Con la nueva ley, las organizaciones armadas pierden el reconocimiento político dentro de estos procesos, desaparece la figura del gestor de paz y se eliminan las zonas especiales de desmovilización contempladas en el modelo anterior.
Los integrantes de estas estructuras deberán cumplir sus condenas en establecimientos penitenciarios, aunque podrán acceder a reducciones de penas si satisfacen las condiciones establecidas por la legislación.
Entre las principales exigencias figuran la entrega de armas, la liberación de menores reclutados, el cese de las actividades ilícitas y la entrega de información sobre personas desaparecidas, redes de financiación y bienes obtenidos ilegalmente.
También deberán reconocer su responsabilidad individual y participar en mecanismos de reparación a las víctimas.
Rebajas de penas con condiciones
La legislación contempla reducciones de hasta un 50% de las condenas para integrantes de organizaciones armadas que colaboren con la justicia.
En el caso de los mandos, la rebaja máxima será del 30%, siempre que la pena resultante no sea inferior a diez años de prisión.
Los beneficios serán menores cuando las organizaciones continúen reclutando menores después de la entrada en vigor de la normativa. En esos casos, las reducciones máximas disminuirán al 30% para los integrantes y al 10% para los dirigentes.
Quienes tengan condenas firmes por reclutamiento forzado de menores quedarán excluidos de estos beneficios.
Además, la nueva legislación mantiene vigentes las órdenes de captura y extradición, una disposición que busca impedir que el sometimiento judicial se transforme en un mecanismo de impunidad.
El fracaso de una apuesta histórica
La política de paz total fue uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de Gustavo Petro, quien llegó al poder en 2022 con la promesa de avanzar hacia el cierre definitivo de los conflictos armados que han marcado a Colombia durante décadas.
Su estrategia buscaba ampliar el camino abierto por el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incorporando a otros actores que continuaban operando en el territorio.
Sin embargo, el proceso enfrentó dificultades desde sus primeras etapas.
La fragmentación de las disidencias de las FARC, las dificultades en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la expansión de organizaciones vinculadas al narcotráfico complicaron los intentos de alcanzar acuerdos duraderos.
En regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó y Arauca, las disputas territoriales entre grupos armados provocaron nuevos desplazamientos de población, confinamientos de comunidades y episodios de violencia contra civiles.
Las treguas tampoco consiguieron consolidar una reducción sostenida de las hostilidades. En algunos territorios, las organizaciones aprovecharon los períodos de suspensión de operaciones para fortalecer sus posiciones, ampliar sus redes económicas y disputar corredores estratégicos.
A estas dificultades se sumaron las diferencias entre el Ejecutivo, las instituciones judiciales y sectores de las Fuerzas Armadas sobre el alcance de las concesiones y las garantías necesarias para desarrollar los procesos.
Seguridad, víctimas y derechos civiles
La aprobación de la nueva ley también abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales.
Mientras el Ejecutivo sostiene que el nuevo modelo permitirá recuperar el control territorial y reducir los espacios de negociación con organizaciones criminales, la oposición advierte que algunas disposiciones podrían afectar las garantías de la protesta social y limitar la participación de las víctimas.
Otro desafío será determinar si la amenaza de mayores penas y la posibilidad de obtener beneficios judiciales resultan suficientes para incentivar el abandono de las armas.
La experiencia colombiana demuestra que la desmovilización de una organización no necesariamente significa el fin de sus estructuras económicas ni de las disputas por el territorio. Tras el acuerdo de 2016, distintas facciones disidentes y organizaciones criminales ocuparon espacios dejados por las antiguas FARC.
Por eso, el éxito de la nueva estrategia dependerá no solo de las condenas y los mecanismos de sometimiento, sino también de la capacidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y presencia institucional en las regiones históricamente afectadas por el conflicto.
Con la decisión del Congreso, Colombia abre una nueva etapa en su política de seguridad. La prioridad deja de estar en la negociación política con los grupos armados y pasa a concentrarse en su desarticulación y sometimiento a la justicia.
El desafío de fondo, sin embargo, permanece: conseguir que el fin de una estrategia de paz no se traduzca en una nueva escalada de violencia.
Amplia mayoría y sanción presidencial pendiente
La aprobación se produjo con 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, mientras que la Cámara de Representantes respaldó la iniciativa por 95 votos contra 10.Ambas cámaras aprobaron el mismo articulado, por lo que no será necesaria una comisión de conciliación. Al 4 de noviembre, el proyecto quedó pendiente de la sanción presidencial para convertirse formalmente en ley.
El texto también fija una vigencia de cuatro años y elimina una disposición que permitía utilizar determinados recursos reservados del fondo de seguridad del Ministerio del Interior.
El Clan del Golfo y el ELN figuran entre las organizaciones con mayor número de integrantes, junto con distintas estructuras surgidas de las antiguas FARC.
La oposición, por su parte, anunció que recurrirá a la justicia para cuestionar la constitucionalidad de la nueva legislación, particularmente por sus posibles efectos sobre el derecho a la paz y las facultades del Ejecutivo para clasificar organizaciones como terroristas.
Así, aunque el Gobierno consiguió una importante victoria parlamentaria, la nueva política de seguridad todavía deberá superar el examen de los tribunales y, sobre todo, demostrar resultados en los territorios donde la violencia continúa condicionando la vida de miles de colombianos.
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