Un escenario de desorden institucional, debilidades de control y escasa coordinación entre organismos públicos fue lo que detectó la Contraloría General de la República (CGR) en el Informe Final 541-2025, dado a conocer este 24 de junio, sobre el Programa de Reunificación Familiar.
La fiscalización se originó tras denuncias por el ingreso al país de niñas, niños y adolescentes provenientes de Haití, bajo esta categoría, mediante vuelos chárter, con posibles vulneraciones a sus derechos. En ese contexto, el organismo contralor identificó múltiples incumplimientos normativos en la entrega de permisos, incluyendo certificados vencidos o no legalizados, ausencia de documentos obligatorios y la emisión de un memorándum que redujo requisitos sin contar con atribuciones legales.
El informe también detectó irregularidades en el control de vuelos, especialmente chárter, donde una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido, sin recibir sanciones oportunas por parte del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). A esto se suma la falta de verificación adecuada de los adultos responsables de los menores y diversas inconsistencias en los registros, lo que impide asegurar un control efectivo del ingreso al país.
La Contraloría evidenció además incumplimientos relevantes en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados a debilidades de control interno, deficiente coordinación y falencias en la gestión de procesos migratorios. En particular, se constató la ausencia de protocolos comunes, problemas en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo que afectan el seguimiento y protección de los menores.
Entre los hallazgos, el SERMIG presenta fallas como la falta de verificación de datos entregados por solicitantes, inexistencia de protocolos ante situaciones críticas —como el fallecimiento del vínculo familiar— y aprobación de permisos sin contar con antecedentes esenciales. Asimismo, se detectaron registros incompletos, duplicados o erróneos.
Por su parte, la PDI carece de manuales formales y completos de control migratorio, operando con instructivos parciales. También se observaron errores en registros, discrepancias con la información del SERMIG y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular.
El informe advierte, además, una débil estructura de control interno, con falta de segregación de funciones, ausencia de procedimientos formales en la asignación de solicitudes y deficiencias en la definición de roles dentro de los sistemas institucionales.
Acciones derivadas
Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios involucrados para determinar eventuales responsabilidades. También ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los menores por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales, con el fin de verificar que no se hayan vulnerado sus derechos.
Asimismo, se realizará un examen de cuentas por la falta de sanciones a la aerolínea involucrada y se inició un procedimiento disciplinario por la filtración de información sensible, incluyendo datos de los niños, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
El informe final de la Contraloría fue publicado en medio de las especulaciones respecto al paradero de 64 niños haitianos, quienes finalmente fueron encontrados por las autoridades. Dichos menores se encuentran en buenas condiciones, escolarizados y forman parte del sistema de salud.
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