La controversia generada por el ingreso y seguimiento de niños haitianos en Chile dio un giro durante los últimos días, luego de que autoridades de Gobierno reconocieran que no existen antecedentes que permitan sostener la existencia de una red de tráfico de menores o desapariciones masivas, hipótesis que marcaron el debate público tras conocerse un informe reservado de la Contraloría General de la República.
Algunos medios, sin embargo, persisten en mantener el relato errado, como La Tercera, quién esta mañana pública entrevistas descontextualizadas sobre el tema y que seguramente se hicieron cuando la noticia falsa estaba en su peack.
El origen de la polémica fue el preinforme N.º 541 del organismo fiscalizador, que detectó importantes falencias en los mecanismos de control y seguimiento aplicados por distintas instituciones públicas respecto de menores extranjeros ingresados al país bajo programas de reunificación familiar.
Sin embargo, el documento no concluye la existencia de delitos de trata de personas ni de tráfico infantil, sino que apunta principalmente a problemas de coordinación entre organismos estatales, deficiencias en el cruce de información, registros desactualizados y ausencia de protocolos comunes de seguimiento.
La alarma pública surgió luego de que se informara que decenas de menores no habían sido ubicados durante visitas de verificación realizadas en terreno. Posteriormente, diversas municipalidades, organismos públicos y la Policía de Investigaciones lograron localizar a gran parte de esos niños en domicilios familiares, establecimientos educacionales y centros de salud.
Comunicadores de TV, cómo Juan Manuel Astorga, incluso hablaron de atroces delitos que habían afectado a estos menores.
Afortunadamente, el ministro de Defensa, Fernando Barros, reconoció esta semana que no existen antecedentes serios que permitan sostener las versiones que circularon inicialmente sobre tráfico infantil, explotación sexual o tráfico de órganos.
«Todo indica que se trata de un terrible desorden», afirmó la autoridad, en referencia a las fallas administrativas detectadas por los organismos fiscalizadores.
Las mismas que señaló la Contraloría en su momento.
Las declaraciones de Barros marcaron un cambio en el enfoque inicial del caso y trasladaron el foco desde una eventual acción criminal organizada hacia las responsabilidades institucionales derivadas de la falta de coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la Subsecretaría de la Niñez y otros organismos involucrados.
De ahí que el gobierno radicó el asunto en el consulado en Haití y piso al ministerio de Desarrollo Social y no al de Seguridad a cargo del tema.
Caso de menores haitianos golpea imagen internacional de Chile
Desde el Ejecutivo han señalado que las investigaciones continúan para determinar eventuales responsabilidades administrativas y mejorar los mecanismos de seguimiento de menores extranjeros, especialmente en procesos de reunificación familiar.
El caso también abrió un debate sobre el impacto que tuvo la controversia en la comunidad haitiana residente en Chile, cuyos representantes han manifestado preocupación por la estigmatización que generaron las sospechas iniciales.
Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades sostienen que el único problema detectado hasta ahora corresponde a fallas en la gestión y coordinación del Estado y no a la existencia de una organización dedicada al tráfico de menores.
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