Australia volvió a situarse a la vanguardia del debate global sobre la relación entre medios de comunicación y grandes plataformas tecnológicas, al impulsar un nuevo mecanismo destinado a asegurar que compañías como Meta, Google, TikTok y LinkedIn contribuyan económicamente al ecosistema periodístico.
El modelo, denominado News Bargaining Incentive, busca corregir las debilidades detectadas en el sistema anterior, luego de que algunas plataformas encontraran formas de evitar la obligación de negociar y pagar a los medios por el uso y distribución de contenidos periodísticos.
La iniciativa fue analizada por Mauricio Cabrera en una columna publicada en The Muffin x Story Baker, donde plantea que Australia está avanzando hacia un esquema en el que el financiamiento del periodismo deja de depender de la voluntad de las grandes tecnológicas y pasa a formar parte de una obligación regulatoria.
El antecedente de 2021
Australia ya había aprobado en 2021 el News Media Bargaining Code, diseñado para forzar acuerdos comerciales entre Google, Facebook y empresas periodísticas locales.
El sistema funcionó inicialmente, pero posteriormente Meta optó por no renovar algunos acuerdos con medios y retiró las noticias de sus servicios, abriendo una vía para eludir el mecanismo.
Frente a ese escenario, el gobierno australiano decidió reforzar la regulación con un nuevo sistema que reduce la posibilidad de que las plataformas simplemente abandonen las noticias para evitar pagos.
Hasta 2,5% de los ingresos publicitarios
El News Bargaining Incentive establece que determinadas plataformas podrían enfrentar una obligación equivalente al 2,5% de sus ingresos por venta de publicidad digital en Australia.
Sin embargo, las empresas tecnológicas podrán reducir esa carga si alcanzan acuerdos comerciales directos con medios australianos.
El diseño busca, además, evitar que los recursos terminen concentrándose únicamente en los conglomerados periodísticos de mayor tamaño.
Para acceder a la reducción de la obligación, las tecnológicas deberán alcanzar al menos ocho acuerdos con medios, y ninguno de esos convenios podrá representar más del 25% de la obligación total.
Si una plataforma no alcanza suficientes acuerdos o no logra cubrir la totalidad del monto requerido, deberá pagar la diferencia al gobierno, que posteriormente redistribuirá esos recursos entre medios de comunicación.
El esquema reserva además un 5% de los fondos recaudados para Australian Associated Press, la agencia nacional de noticias sin fines de lucro.
Una apuesta por la diversidad
Uno de los objetivos centrales del modelo es impedir que las grandes tecnológicas seleccionen únicamente a unos pocos actores de gran tamaño para cumplir con sus obligaciones.
La exigencia de establecer múltiples acuerdos apunta a ampliar el universo de beneficiarios y favorecer una mayor diversidad de voces y modelos editoriales.
El diseño, sin embargo, también abre interrogantes.
Por un lado, podría fortalecer la pluralidad del ecosistema informativo al impedir que todos los recursos terminen concentrados en unas pocas compañías.
Por otro, obliga a empresas privadas a negociar con un número mínimo de proveedores, incluso cuando algunos de ellos eventualmente no formen parte de sus prioridades comerciales.
El riesgo de concentración
La discusión también vuelve a poner sobre la mesa una paradoja que atraviesa actualmente al negocio de los medios.
La crisis económica del periodismo está impulsando procesos de concentración y consolidación empresarial, y los grandes grupos cuentan con ventajas evidentes frente a medios pequeños e independientes a la hora de negociar con compañías globales.
Los grandes conglomerados disponen de infraestructura jurídica, capacidad de lobby, equipos comerciales y propiedad intelectual mejor estructurada, mientras los medios independientes suelen carecer de herramientas equivalentes para hacer valer sus derechos frente a gigantes tecnológicos.
En ese escenario, el verdadero poder podría desplazarse desde la exclusividad de la información hacia la capacidad de negociación.
El debate que se abre para otros países
La experiencia australiana plantea una discusión que trasciende sus fronteras: si las plataformas digitales se benefician económicamente de los contenidos periodísticos, ¿deben contribuir obligatoriamente a financiar su producción?
El nuevo modelo australiano responde afirmativamente.
Las tecnológicas podrán decidir si alojan o no noticias dentro de sus plataformas, pero ya no podrán desligarse completamente del financiamiento del ecosistema informativo si cumplen con los requisitos establecidos por la regulación.
El esquema no resuelve por sí solo la crisis estructural de los medios ni garantiza una distribución perfecta de los recursos, pero introduce un principio relevante: el periodismo pasa a ser considerado parte de la infraestructura democrática que las grandes plataformas deben ayudar a sostener.
La experiencia australiana podría convertirse así en referencia para otros países que buscan equilibrar la relación entre medios y compañías tecnológicas, especialmente en un momento en que la inteligencia artificial, los buscadores y las redes sociales continúan modificando la forma en que se distribuye, consume y monetiza la información.
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