El caso del cable submarino que debía conectar a Chile con Hong Kong, y que terminó provocando el retiro temporal de visas estadounidenses a autoridades chilenas, volvió a instalarse en la agenda luego de que The New York Times lo incluyera en una amplia investigación sobre el uso de las visas como herramienta de presión política por parte del gobierno de Donald Trump en América Latina.
El episodio era conocido en Chile. Lo novedoso ahora es el contexto en que el influyente diario estadounidense lo presenta: no como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia más amplia de Washington para modificar decisiones de gobiernos latinoamericanos cuando estas afectan intereses considerados estratégicos por Estados Unidos.
Según el reportaje, funcionarios chilenos habían avanzado en la autorización de un cable submarino de unos 19.300 kilómetros hacia Hong Kong, proyecto que buscaba reforzar la conectividad internacional del país e incluso contemplaba una conexión con Rapa Nui.
Ese mismo día, sin embargo, un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Santiago se reunió con Guillermo Petersen, entonces jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Petersen relató al diario que en esa reunión se advirtió que, si Chile seguía adelante con el proyecto, Estados Unidos podría retirar las visas no solo a los funcionarios involucrados, sino también a sus cónyuges e hijos.
La reunión, según su testimonio, duró apenas seis minutos.
El entonces subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, calificó posteriormente el episodio como una amenaza.
Poco después, el proyecto fue suspendido.
“Cambiar el comportamiento”
La publicación adquiere especial relevancia porque el propio embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, reconoció ante The New York Times el objetivo político de este tipo de medidas.
Según el diplomático, las restricciones de visa “no tienen como objetivo castigar, sino cambiar el comportamiento”, y agregó que en el caso chileno “hicieron exactamente eso”.
La frase es uno de los elementos centrales del reportaje, porque sitúa el episodio chileno dentro de una política deliberada de presión diplomática y no simplemente como una decisión migratoria.
Posteriormente, el Departamento de Estado llegó a restringir el ingreso a Estados Unidos de funcionarios chilenos vinculados al proyecto y de sus familiares.
Entre los afectados estuvo el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, cuya visa fue posteriormente restablecida.
Muñoz señaló al diario que la sanción tuvo efectos sobre su reputación personal, incluso después de que la medida fuera revertida.
Chile como caso emblemático
La investigación del NYT sostiene que la administración Trump ha utilizado cada vez con mayor frecuencia las visas estadounidenses como un instrumento de política exterior en América Latina.
El mecanismo ha sido aplicado contra autoridades, jueces, diplomáticos, políticos y periodistas de distintos países, mientras en otros casos Washington ha restituido visas a figuras consideradas políticamente afines.
En abril, el Departamento de Estado amplió formalmente su política de restricciones para incluir a personas del hemisferio occidental cuyas actuaciones sean consideradas contrarias a los intereses de Estados Unidos.
El caso chileno aparece así en la publicación como uno de los ejemplos más claros de cómo esa política puede traducirse directamente en cambios de decisión de un gobierno.
Más que revelar un episodio desconocido, The New York Times entrega ahora una lectura política del conflicto, al presentar lo ocurrido en Chile como parte de una estrategia de presión regional vinculada además a la disputa entre Estados Unidos y China por infraestructura, tecnología e influencia en América Latina.
La publicación vuelve así a poner sobre la mesa una discusión que excede el caso de las visas: hasta dónde puede Chile sostener una política exterior autónoma en medio de la creciente rivalidad estratégica entre Washington y Beijing.
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