El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, destituyó este lunes al fiscal general Ruslan Kravchenko, quien había presentado su dimisión la semana pasada y que, horas antes de ser apartado formalmente, anunció cargos contra Semen Krivonos, director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).
La decisión abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento que desde hace meses mantienen distintas instituciones encargadas de perseguir la corrupción en Ucrania, en momentos en que Kiev necesita demostrar a sus aliados occidentales avances en transparencia y fortalecimiento institucional.
Zelenski recurrió al artículo 11 de la ley marcial para remover a Kravchenko mediante un decreto presidencial. Previamente había pedido a los diputados de la Rada Suprema que respaldaran su salida en una votación prevista para este martes 15 de septiembre.
La destitución se produjo mientras Kravchenko se encontraba fuera del país en lo que describió como un viaje de trabajo destinado a informar a socios internacionales sobre la situación de los organismos anticorrupción ucranianos.
Antes de conocerse el decreto presidencial, el fiscal saliente aseguró haber aprobado cargos contra Krivonos por una presunta falsificación de documentos oficiales destinada a obtener importantes beneficios ilícitos.
Kravchenko difundió además documentación sobre el procedimiento y afirmó haber autorizado cargos contra una persona cercana al jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), Oleksander Klimenko, aunque no reveló su identidad.
El exfiscal acusó directamente al poder político de haber limitado anteriormente su capacidad para avanzar sobre dirigentes de las instituciones anticorrupción.
Según Kravchenko, durante su gestión habría enfrentado restricciones para adoptar determinadas decisiones relacionadas con responsables de la NABU y la SAPO. Tras anunciar las nuevas diligencias, pidió públicamente las renuncias de Krivonos y Klimenko para evitar que la disputa personal terminara involucrando a ambas instituciones.
NABU rechaza las acusaciones
La NABU respondió negando que existiera formalmente una acusación presentada contra su director y calificó las declaraciones del exfiscal como parte de un “ataque sistemático” contra las instituciones encargadas de investigar la corrupción de alto nivel.
El organismo sostuvo que sus investigaciones se desarrollan dentro del marco legal y rechazó haber solicitado algún tipo de inmunidad para sus funcionarios.
El enfrentamiento se produce después de que la NABU y la SAPO intensificaran durante 2026 las investigaciones sobre altos funcionarios públicos, miembros del aparato presidencial y operaciones en sectores estratégicos como defensa y energía.
Durante el primer semestre del año, ambos organismos comunicaron sospechas contra 107 personas, enviaron a tribunales 56 acusaciones que involucraban a 106 imputados y obtuvieron condenas contra 76 personas.
Las investigaciones han alcanzado también a antiguos integrantes de la Oficina Presidencial y a responsables vinculados a contrataciones públicas, compras militares y empresas estatales.
La operación “Cartago”
El detonante inmediato de la crisis fue la denominada operación “Cartago”, una investigación sobre una presunta organización criminal instalada dentro de estructuras de la Fiscalía General.
La pesquisa apunta a funcionarios que habrían recibido sistemáticamente sobornos para garantizar protección a centros de llamadas utilizados para cometer estafas y posteriormente lavar el dinero obtenido.
Según las investigaciones, uno de los altos responsables de la Fiscalía habría facilitado el funcionamiento de esta red y participado en operaciones destinadas a ocultar cerca de US$1 millón mediante distintas adquisiciones y movimientos patrimoniales.
La ofensiva anticorrupción provocó allanamientos, detenciones y cuestionamientos directos a la estructura encabezada por Kravchenko, aunque el ahora exfiscal no ha sido formalmente acusado de integrar la trama.
Kravchenko presentó su dimisión el 7 de septiembre, argumentando que quería impedir que su cargo se convirtiera en instrumento de una confrontación política.
Sin embargo, antes de abandonar definitivamente la Fiscalía pasó a la ofensiva contra los responsables de la NABU y la SAPO, acusándolos de haber impulsado la operación “Cartago” para obtener acceso a investigaciones abiertas contra integrantes de esas propias instituciones y eventualmente bloquearlas.
Una disputa que viene de antes
La crisis ocurre después de meses de fuertes tensiones entre el Gobierno de Zelenski y las estructuras anticorrupción creadas durante la última década con respaldo de los socios occidentales de Ucrania.
La NABU fue establecida en 2015 como parte de las reformas posteriores a la revolución del Maidán y se transformó progresivamente en uno de los principales instrumentos para investigar delitos económicos cometidos por altos funcionarios.
Su creciente protagonismo ha generado choques con otros organismos de seguridad y persecución penal, especialmente después de que varias investigaciones alcanzaran a figuras cercanas al poder político.
Durante 2026, la NABU y la SAPO han abierto o profundizado causas vinculadas a corrupción en el sector energético, adquisiciones para las Fuerzas Armadas, empresas estatales y funcionarios de alto rango.
Solo durante el primer semestre, el impacto económico atribuido a investigaciones y actuaciones de ambos organismos superó los US$50 millones, además de recuperar recursos públicos y evitar pérdidas en contratos estatales.
El conflicto entre esas instituciones adquirió así una dimensión política particularmente sensible para Zelenski.
La Unión Europea observa
La independencia de la NABU y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción es también uno de los asuntos observados de cerca en el proceso de integración de Ucrania a la Unión Europea.
Bruselas ha convertido la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho en condiciones fundamentales para avanzar en las negociaciones de adhesión.
Para Kiev, además, las reformas institucionales son relevantes en la relación con Estados Unidos y otros países que financian la defensa y la reconstrucción ucraniana.
El problema para Zelenski es que la confrontación ya no enfrenta únicamente al Gobierno con los organismos anticorrupción.
La destitución de Kravchenko deja al descubierto una disputa abierta entre instituciones encargadas precisamente de investigar delitos dentro del Estado: la Fiscalía General acusa a responsables anticorrupción, mientras la NABU y la SAPO investigan posibles redes criminales dentro de la propia Fiscalía.
En plena guerra con Rusia y mientras Ucrania intenta mantener el respaldo financiero y militar occidental, el episodio amenaza con transformar otra investigación por corrupción en una crisis institucional de mayor alcance.
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