Televisión Nacional de Chile (TVN) mantiene bajo reserva las condiciones económicas del contrato mediante el cual entregó en arriendo un estudio, oficinas y estacionamientos a Porcel TV, plataforma de streaming vinculada a personas que hasta hace pocos meses mantuvieron relaciones comerciales con un alto funcionario de comunicaciones del Gobierno.
El negocio adquiere una dimensión pública adicional debido a que fue suscrito mientras el Ejecutivo prepara un proyecto destinado a evitar un eventual deterioro financiero del canal estatal, iniciativa que contempla la creación de un fondo patrimonial de US$30 millones.
De acuerdo con una investigación publicada por CIPER, TVN confirmó que el contrato con Porcel TV fue firmado el 1 de julio y comprende el desarrollo de programas y contenidos en formato streaming. La fecha coincide con el inicio de Próceres, espacio conducido por Pamela Le Roy y Gonzalo Feito.
La empresa utiliza el Estudio 5 de TVN, dependencias administrativas que anteriormente fueron ocupadas por una sucursal bancaria y cuatro estacionamientos. Su propietario, Leonardo Prieto, aseguró que el pago fluctúa entre $16 millones y $17 millones mensuales y que el contrato tiene una duración inicial de seis meses renovables.
TVN rechaza revelar el contrato
Consultado por CIPER, el canal público se negó a informar el monto exacto y las condiciones económicas del acuerdo.
“TVN no informa públicamente los montos ni las condiciones económicas particulares de sus contratos comerciales”, respondió la estación, argumentando que aplica ese criterio de manera uniforme y que todos sus negocios se realizan conforme a valores de mercado.
La explicación se enmarca en la obligación legal de TVN de competir comercialmente con otros actores de la industria audiovisual. Sin embargo, la reserva genera cuestionamientos debido a la naturaleza estatal de la empresa, a su delicada situación financiera y a las relaciones existentes entre los involucrados.
El canal tampoco exhibió documentación que permita verificar de manera independiente que el precio acordado corresponde efectivamente a valores de mercado.
Prieto afirmó que antes de contratar con TVN realizó otras cotizaciones y que los precios revisados oscilaban entre $12 millones y $16 millones. Según su versión, la principal ventaja del acuerdo con el canal estatal fue la disponibilidad de estacionamientos.
Vínculos con el director de la Secom
Uno de los propietarios de Porcel TV fue socio hasta hace pocos meses de Felipe Costabal, director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno y figura cercana al presidente José Antonio Kast.
Costabal participó además como rostro del canal de streaming durante 2025 y tuvo una presencia recurrente en el programa Apoderados, antes de asumir sus actuales funciones en La Moneda.
La investigación también señala que Costabal conoce desde hace años al actual presidente del directorio de TVN, Patricio Dussaillant. El propio funcionario relató públicamente que Dussaillant, cuando dirigía la carrera de Periodismo de la Universidad de los Andes, le permitió ingresar pese a no contar con el puntaje requerido en la prueba de admisión de la época.
CIPER consultó a Costabal sobre su relación con Porcel TV y una eventual participación en el acuerdo con TVN, pero el funcionario declinó responder.
Personas de su entorno afirmaron que abandonó la sociedad que mantenía con Prieto al ingresar al Gobierno, aunque ese cambio no figura necesariamente en el Diario Oficial por tratarse de una sociedad por acciones.
Una empresa de reciente creación
Porcel TV SpA fue constituida formalmente el 20 de febrero de 2026 con un capital de $900 mil, distribuido entre cinco sociedades.
Según los antecedentes recogidos por CIPER, hasta la fecha de la publicación la empresa no registraba inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, pese a que su canal mantenía contenidos en internet desde abril de 2025.
En mayo se incorporó como socia Massiva S.A., coincidiendo con el ingreso de Gonzalo Feito y el lanzamiento de Próceres.
Prieto ha defendido el trato señalando que no existe ninguna situación irregular y que Porcel TV mantiene un contrato comercial similar al que podría suscribir cualquier productora interesada en utilizar la infraestructura de TVN.
Contrato coincide con plan de rescate
El acuerdo fue suscrito en momentos en que el Gobierno trabaja en un proyecto para fortalecer económicamente al canal público.
Desde abril, la Secretaría General de Gobierno —ministerio del cual depende la Secom encabezada por Costabal— prepara una iniciativa destinada a evitar una eventual quiebra de TVN.
El subsecretario José Francisco Lagos informó en el Congreso que el proyecto considera la creación de un fondo patrimonial de US$30 millones, cuyos intereses podrían incorporarse al funcionamiento del canal cuando alcancen al menos US$5,5 millones.
La administración de Dussaillant ha descartado la venta de TVN y ha impulsado una estrategia de reducción de costos y diversificación de ingresos, incluyendo el arriendo de espacios que permanecen desocupados.
Actualmente, la estación mantiene otros contratos estables con una clínica, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y la productora Madis Films.
Transparencia bajo debate
El punto central ya no es solamente si el valor pagado por Porcel TV se encuentra dentro de los precios habituales de la industria.
La controversia plantea hasta dónde puede llegar la reserva comercial de una empresa estatal cuando sus decisiones involucran a personas relacionadas con autoridades gubernamentales y cuando el propio Estado estudia entregarle apoyo financiero.
La negativa de TVN a mostrar el contrato impide confirmar si Porcel TV accedió a condiciones equivalentes a las otorgadas a otros arrendatarios, si existió una licitación o comparación formal de ofertas y qué mecanismos se utilizaron para prevenir posibles conflictos de interés.
En ese escenario, la discusión se traslada desde el valor mensual del estudio hacia los estándares de transparencia que deberían regir los negocios de una empresa pública, especialmente cuando su sostenibilidad dependerá, al menos parcialmente, de recursos impulsados por el Gobierno.
Información basada en una investigación publicada originalmente por CIPER.
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